Bauzá reclama 6.000 euros al líder de UGT por llamarle fascista

El presidente del Gobierno de Baleares y líder del PP, José Ramón Bauzá ha cuantificado en seis mil euros la compensación económica necesaria para resarcir los perjuicios causados por lo que considera una intromisión ilegítima en su derecho al honor al ser llamado “fascista”, entre otras expresiones, por Lorenzo Bravo, líder de la UGT en las islas. Bravo ha proferido durante nueve meses numerosos ataques y críticas a la política de recortes del Gobierno de Bauzá, que éste resume en una demanda formulada ante un juzgado de primera instancia de Palma.

El caso se verá en un juicio ordinario, público. Bravo y la UGT, que es objeto de la demandada, solidariamente, reivindican “la prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho a la propia imagen”. Asumen que las expresiones hirientes pueden ser "inadecuadas" pero sin entidad suficiente para la acción acusatoria “en un clímax de enfrentamiento político-sindical y en el seno de una serie de medidas antisociales”, en “el fragor del cruce dialéctico” entre mandatario y líder sindical. Bauzá recapitula las reiteradas declaraciones de Bravo en las que le llamó, entre otras cosas: “fascista, inútil, engominado, chulo, brillantina, menda éste, prepotente, dictatorial, gilipollas”.

Lorenzo Bravo lleva dos décadas al frente del primer sindicato balear y ha zaherido al presidente conservador con críticas mordaces e improperios las decisiones de recortes sociales, sindicales y cierres de hospitales. Tras ser demandado por lo civil Bravo no rectificó sino que en distintas concentraciones afirmó que no le callarán.

La defensa de Bauzá resalta que la expresión “fascista” es “claramente ofensiva e injuriosa, sin justificación alguna” y que “fascismo es una de las corrientes más excluyentes que han existido en la historia política reciente, caracterizada por la falta de libertades y pluralismo”. Bauzá es representado por la jurista Antonia Perelló, directora de la Abogacía de la Comunidad que fue consejera insular y elegida diputada por el PP.

La defensa del sindicalista está a cargo de Pablo Alonso de Caso, quien "entiende que existe cierta desproporción en las palabras utilizadas (pero que) son insuficientes” para considerar que vulneran los derechos del presidente, un político, que debe estar sujeto a la crítica. Bravo, en su favor, alude a unas manifestaciones de María Dolores de Cospedal -después matizadas en una nota-, en la que la secretaria general del PP y ahora presidente de Castilla y la Mancha llamó fascista y antidemocrático, por su actitud, al que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, del PSC. Cospedal pidió disculpas a Montilla.

El Gobierno de Bauzá acordó en su Consejo formular que denuncia o querella por injurias ante la Fiscalía o en la vía penal pero, finalmente, derivó hacia una demanda de protección del honor, con la exigencia de publicar las rectificaciones por parte de Bravo y UGT en todos los medios donde aparecieron las supuestas ofensas.