Interior plantea sustituir funcionarios de prisiones por vigilantes privados

En marzo, cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados por la Administración—, el Ministerio del Interior anunció que los escoltas que se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia en cárceles de toda España. Sustituirían a algunos policías y guardias civiles, que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el ministerio que unos 1.000 agentes públicos podrían dejar sus puestos en las prisiones. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha ido más lejos esta tarde. Ha planteado en la Comisión del Interior del Congreso la posibilidad de que vigilantes privados sustituyan no solo a policías y a guardias civiles sino también a funcionarios de prisiones ante la escasez de empleados públicos y ante la imposibilidad económica, según indicó, de llevar a cabo la oferta de empleo público que sería necesaria.

Se trata de una idea que debe aún perfilarse y que en ningún caso entraría en vigor antes del año que viene, pero que en el ministerio empieza a cobrar cada vez más fuerza, como reconoció el secretario de Estado. “Lo único que hacemos es poner ingenio. Y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada”, dijo Ulloa. Aún no han calculado a cuántos funcionarios querrían sustituir por vigilantes privados para trasladarlos a prisiones con escasez de empleados públicos.

El ministerio quiere sustituir a los funcionarios que llevan a cabo labores de vigilancia —evidentemente, no podría llevarse a cabo algo así con otro tipo de empleados públicos, como terapeutas o juristas—, pero aún debe concretar exactamente qué tipo de tareas podrían realizar los vigilantes privados y cuáles no.

Como ejemplo, Ulloa ha planteado que, quizá, la labor de “mirar un monitor de seguridad” la podría desempeñar un ciudadano con una mínima formación, pero no ha ofrecido un catálogo de puestos de trabajo susceptibles de ser privatizados. “Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar", ha señalado. "Pido las sugerencias de los diputados. Para poner en funcionamiento todas las infraestructuras previstas son necesarios 1.863 funcionarios a pesar de que está congelada la oferta de empleo público”.

El secretario de Estado habló también de otras cuestión polémica: la propuesta de Interior de que los clubes de fútbol paguen parte de lo que cuesta la vigilancia que Interior dedica a los grandes eventos. El ministerio quiere que el cobro de esta prestación se haga a través de una tasa a las empresas deportivas, que pagarían por el uso de un "dispositivo intensivo" de seguridad pública. Interior está estudiando la cuestión con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, según ha asegurado el secretario de Estado de Seguridad en el Congreso.

"El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los gastos derivados del organismo autónomo GIESE (encargado de la gestión y venta de inmuebles del Ministerio del Interior), así como un porcentaje de los costes derivados de la prestación intensiva del servicio de seguridad pública", ha explicado. "El excedente se ingresará en el Tesoro Público". "Este tipo de encuentros producen muchos beneficios, de forma que los que se benefician tendrán que contribuir a las cargas", ha señalado. "En todo caso, se trata de una idea sencilla pero con muchas complicaciones, así que no está cerrada del todo la fórmula que se empleará".