Remitidas a Chile las pesquisas sobre blanqueo de los Pinochet

La última causa que seguía abierta en España por blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y destrucción fraudulenta de efectos embargados contra la viuda y familiares del dictador chileno Augusto Pinochet, quedó ayer archivada.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que sustituyó a Baltasar Garzón, decidió ayer el sobreseimiento provisional de la causa, debido a que en Chile está abierta otra causa similar por los mismos hechos. Por ello, el magistrado ha decidido remitir testimonio íntegro de todas las investigaciones que se realizaron en España sobre el caso.

El caso se inició el 31 de febrero de 2005 por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, pero en 2009 se amplió el proceso contra Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, y varios directivos de Banco de Chile, tanto en Santiago como en Nueva York, como Pablo Granifo Lavin, Hernán Donoso Lira o Óscar Custodio Aitken Lavanchy. Además, se declaró responsables civiles subsidiarios al Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora de Fondos. El juez les impuso una fianza de 51,4 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse y bloqueó bienes de los Pinochet por 17 millones de euros.

Comisión rogatoria

Sin embargo, el juez dirigió una comisión rogatoria a las autoridades chilenas para cumplimentar una serie de investigaciones. Pero desde Chile se devolvió sin cursar. La Sala Segunda de la Corte Suprema respondió que “las materias investigadas por el tribunal requirente están siendo conocidas actualmente por un tribunal chileno que tiene jurisdicción y competencia para tales asuntos”. El sumario en cuestión, por delito de malversación de caudales y otros, estaba a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Valderrama Rebolledo.

El fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un procedimiento abierto en Chile por los mismos hechos, informó de que debía ser el tribunal chileno el que persiguiera las maniobras de alzamiento y ocultamiento de bienes y blanqueo de capitales desplegada por los querellados, como finalmente así ha decidido el juez Pablo Ruz.

La causa seguirá ahora en la Corte de Santiago.