Las alegaciones a la Ley de Transparencia piden que afecte a La Zarzuela

El Ejecutivo ha recibido 3.600 aportaciones y sugerencias al anteproyecto de ley de transparencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo, lo que evidencia el interés que ha despertado entre la ciudadanía. El contenido de las miles de recomendaciones no se conoce, pero hay una que ha llegado de la mano de numerosas organizaciones que han remitido sus sugerencias al Gobierno y de los ciudadanos que han seguido las indicaciones de las asociaciones de defensa de la transparencia: que la Casa del Rey no quede excluida del ámbito de aplicación de la ley.

En estos momentos, el anteproyecto deja fuera a la Corona bajo el argumento —según la explicación dada por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría— de que la Casa del Rey no es una “Administración pública”. Sin embargo, tampoco son administraciones públicas —o al menos en el sentido más estricto del término— el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial.

En los tres casos se trata de órganos constitucionales que están fuera de la Administración General del Estado pero que sí están incluidos dentro de la Ley de Transparencia, aunque solo en relación con sus funciones administrativas, lo que también critican las organizaciones protransparencia.

Institución pública

“Claro que la Corona es una institución pública con una función pública, ¿qué sería, si no? El argumento que ha dado el Gobierno no se sostiene jurídicamente”, afirma Victoria Anderica, de Acces Info, integrada dentro de la plataforma Coalición Pro Acceso, que agrupa a 55 organizaciones de defensa de la transparencia. Acces Info es una de las asociaciones que ha enviado recomendaciones al Gobierno y, dentro de ellas, la de que la ley de transparencia deje de excluir a la Casa del Rey. “No hay ninguna razón lógica para esta exclusión”, opina Anderica.

“Se trata del jefe del Estado, que tendrá que rendir cuentas como cualquier otro cargo, y dar explicaciones cuando parezca que puede haber un conflicto de intereses. ¿Quién ha pagado su viaje a Botsuana? ¿Una empresa privada? ¿No debemos saberlo? ¿Por qué el Rey debe quedar al margen de los controles democráticos básicos?”. El Gobierno no ha fijado ningún plazo para estudiar las 3.600 propuestas que ha recibido.