¿Cuánto cuestan los viajes del presidente del Tribunal Constitucional?

¿Cuánto cuestan los viajes del presidente del Tribunal Constitucional?, ¿Y el protocolo del Ministerio de Fomento?, ¿Y los desplazamientos del presidente del Congreso? La respuesta a estas preguntas puede ser sencilla o convertirse en un periplo burocrático infernal con reminiscencias a la España del Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra. España carece, junto a Malta, Chipre o Luxemburgo –con secreto bancario-, de una Ley de transparencia, la norma que obliga a las administraciones a desnudar sus cuentas. “Aquí todo depende de la voluntad de las instituciones, que deciden si proporcionan la información al ciudadano”, explica Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, un lobby que aboga por la transparencia informativa.

Frente a pioneros como Suecia, donde el derecho está regulado desde 1766, los españoles dependen de la buena voluntad de las administraciones para informarse. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que arrastraba la idea desde 2004, sacó adelante un anteproyecto de ley, que no concluyó su trámite parlamentario por el fin de la legislatura. Y el presidente Mariano Rajoy, en aras de “dignificar la política”, se comprometió en la pasada campaña electoral a desatascar la norma en sus primeros cien días de Gobierno. Sin embargo, declaraciones de intenciones parte, la regulación del derecho a saber en España se diluye en un difuso limbo jurídico, que se complementa con regulaciones como la futura ley foral de transparencia que planea Navarra.

Hasta 2004, los españoles no sabían cuánto cobraban sus diputados  

“En España carecemos de Ley [de transparencia], pero hemos avanzado mucho en los últimos años. Hasta 2004, por ejemplo, conocer el sueldo de un diputado era prácticamente imposible”, explica Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho de Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Sánchez considera “insuficientes” los informes de fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas, encargado de conocer, por ejemplo, los ingresos de los partidos políticos y sostiene que la “politización “del órgano y el retraso de sus informes frustra su eficacia.

Más optimista, el profesor de Derecho Administrativo Emilio Guisot, asegura que España dispone de normas para acceder a la información, aunque carece de un marco que extienda por principio a todas las administraciones.