Los obispos piden no votar a los partidos del divorcio, el aborto o el matrimonio gay

No disponen de partido ni se presentan a las elecciones, pero los obispos españoles tienen un programa. Lo ha desgranado esta mañana su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, en conferencia de prensa, desde el horizonte de lo que los prelados llaman “fundamentos prepolíticos”. Su tesis es que las disposiciones legales no son siempre morales y justas “por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos”. Por ello, reclaman que en las próximas elecciones, antes de votar, se tenga en cuenta “el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida”. Se refieren a la despenalización de aborto, a la aplazada legalización de la eutanasia y a la investigación con embriones con fines médicos, entre otras propuestas del Partido Socialista.

Como medidas concretas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) también legislaría para suprimir el divorcio y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicen. “Es necesario tutelar el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como esposo y esposa, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos”.

El pronunciamiento episcopal se ha producido mediante una “nota” y después de una larga reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que empezó el martes y concluyó anoche. Dice en su primer párrafo. “El 20 de noviembre estamos todos convocados a las urnas. Con este motivo, los obispos ofrecemos a los católicos y a cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable del deber de votar. Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento”. A la permanente del episcopado, presidida por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, pertenece lo más granado de la jerarquía del catolicismo español, entre ellos todos sus cardenales y arzobispos.

También opinan los prelados sobre la crisis económica. Piden “políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos”. Añaden: “Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes”.

Religión en la escuela

El programa episcopal se fija también en las políticas educativas, un sector en el que el catolicismo es una potencia, incluso económica. Su idea fuerza es que la enseñanza de la religión y la moral católica en la escuela pública debe ser “una asignatura fundamental opcional”. Afirman: “Es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres y exige hoy una regulación más adecuada para que esos derechos sean efectivamente tutelados”. También insisten en que el Estado “debe evitar imposiciones ideológicas que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo”.

Los consejos electorales de los obispos concluyen con un reconocimiento de “la legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español”, pero remachan un principio general muy de su gusto: la necesidad de “tutelar el bien común de la nación española en su conjunto, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo”.

Es en este punto cuando, casi de pasada, citan el terrorismo pese a haber tenido noticia del comunicado de ETA cuando todavía estaban reunidos en la sede de la Conferencia Episcopal. Afirman: “Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, dado que el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida”.

El portavoz de la CEE justificó este laconismo: “Nunca la Conferencia Episcopal ha hecho una valoración moral, y mucho menos política, de ningún texto de ETA. Y tampoco lo va a hacer ahora.”