La ‘epidemia’ de violencia sexual contra la infancia en República Democrática del Congo: “Les dije que solo era una niña, pero no me escucharon”

Neema dijo que era una niña, que solo tenía 11 años, pero no la escucharon. Hoy está embarazada de sus violadores. Grace, de ocho años, tiembla cada vez que ve un hombre vestido con uniforme militar después de la agresión sexual que sufrió en un bosque, cuando huía de la guerra con su familia. Amani, de nueve años, gritó, pero nadie vino a ayudarla. Fue violada por los hombres que mataron a su padre frente a ella.

Los nombres de las tres niñas se han cambiado para proteger su identidad. Todas ellas viven en el Centro Sophie de Goma, que atiende a menores víctimas de violencia sexual en la zona. Y sus historias son reflejo de las consecuencias de la alarmante crisis de violencia sexual contra la infancia que la República Democrática del Congo (RDC) atraviesa en los últimos años.

Entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 35.000 casos de violencia sexual contra niños, según un informe de Unicef publicado recientemente. Esta cifra se suma a los cerca de 45.000 casos documentados durante 2024 en el país. Sin embargo, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia advierte de que la verdadera magnitud de este drama ”es mucho mayor, ya que el estigma generalizado, el miedo a las represalias y el acceso limitado a los servicios hacen que muchos casos no se denuncien”.

“Eran 10 hombres. Se fueron como si nada”

“Huíamos de la guerra por la carretera. Había mucha gente, niños, mujeres, ancianos… Un grupo de hombres uniformados llegó y separó a los niños de los adultos. Me llevaron a un lugar apartado, les dije que era solo una niña, pero no me escucharon”, recuerda Neema, en un testimonio recogido por EL PAÍS en este centro de acogida de menores, la mayoría víctimas de agresiones sexuales.

Todavía me duelen mis partes íntimas y, además, estoy embarazada. No puedo tener un niño con esta edad

Neema, niña superviviente de violencia sexual

“Eran 10 hombres. Se fueron como si nada. Todavía me duelen mis partes íntimas y, además, estoy embarazada. No puedo tener un niño con esta edad. ¿Qué futuro me espera? Sé que estoy viva, pero ya no me siento una niña. Me siento sucia, no me quiero mirar en un espejo y no soporto que nadie me toque. Tienen que parar esta guerra ya, aunque sea por los niños”, pide.

Los casos de violencia sexual no se limitan a las zonas inmersas en el conflicto cronificado que golpea desde hace décadas el este del país y que se reavivó en enero de 2025, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) tomó la ciudad de Goma, sino que se extienden por todas las provincias de RDC, explica Unicef. La organización advierte de que los casos han sufrido un aumento alarmante desde 2022. Aunque la guerra sigue siendo un factor determinante, el informe expresa que muchos niños sufren violencia sexual en sus propios hogares y comunidades, “a menudo por parte de familiares, vecinos o conocidos”.

Grace también huía por carretera, con una pequeña mochila en la que cargaba sus escasas pertenencias y rodeada de centenares de personas en la misma situación, cuando se oyeron disparos detrás de ellos. Hombres uniformados llegaron y comenzaron a registrar sus bolsas. “Tenía mucho miedo y solo apretaba la mano de mi tía. Un hombre me agarró del brazo y me separó del grupo. Mi tía gritó, pero no sirvió de nada”, recuerda.

“Me llevaron detrás de unos arbustos. Yo lloraba, me dolía mucho y tenía miedo. No entendía por qué me estaban haciendo eso”, explica. “Me quedé sola mucho tiempo hasta que otras personas me encontraron. Desde entonces vuelvo a hacerme pipí en la cama, no duermo bien, no tengo ganas de jugar y cuando veo un uniforme me pongo a temblar de miedo”.

Mi padre intentó explicarles, pero le golpearon y le dispararon. No se levantó. Mi madre gritaba y yo lloraba. Un hombre me llevó a una habitación y llamó a otros

Amani, niña superviviente de violencia sexual

La investigación de Unicef constata que aproximadamente la mitad de todos los casos reportados a nivel nacional ocurren en solo tres provincias afectadas por el conflicto: Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri. Sin embargo, provincias como Kinshasa o Kasai también registran cifras alarmantes. Allí, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el abandono escolar aumentan el grado de exposición de las niñas a la explotación y el matrimonio precoz.

Amani vivía con sus padres y sus hermanos. Una mañana, un grupo de hombres uniformados llegaron a su casa y dijeron que había enemigos escondidos dentro. “Mi padre intentó explicarles, pero le golpearon y le dispararon. No se levantó. Mi madre gritaba y yo lloraba. Un hombre me llevó a una habitación y llamó a otros”.

“Uno dijo en suajili: ‘weye mufanye kwa nyuma miye kwa mbele na weye ku kinya”, que quiere decir: ‘tú por detrás, yo por delante y este por la boca’. Yo gritaba, pero nadie acudió“, recuerda. Su madre sufrió la misma violencia en otra habitación. Desde ese día, Amani casi no habla y sueña que su padre la llama. “No logro concentrarme en el colegio y cuando hay ruido siento mucho miedo”, explica.

Un centro de recuperación de heridas invisibles

Gilbert Banyasize, psicólogo de formación, es el fundador del Centro Sophie. Lo abrió hace seis años junto a su esposa, espantados ante el aumento de los casos de menores, especialmente niñas, traumatizadas por la guerra y la violencia sexual sufrida. Hoy viven en el centro 56 niñas y un niño, todos de entre ocho y 18 años. En este tiempo han logrado la reinserción de otros 39. “Son menores que han sufrido una violencia extrema: violaciones colectivas, explotación sexual, secuestros, abandono tras la muerte violenta de sus padres… Muchos de ellos huyeron al verse solos, sin ninguno de sus progenitores”, explica a este periódico.

Dentro del centro se brinda educación, asistencia psicológica y tres comidas al día, además de ropa y kits de higiene. Todo eso con medios muy escasos. Banyasize explica que solo cuentan con un apoyo fijo, el de Médicos Sin Fronteras (MSF), que presta atención en caso de enfermedad. “No tenemos ninguna financiación fija. Sobrevivimos gracias a muchos esfuerzos, a la cría de pollos, patos y cabras y a ayudas puntuales de gente de buena voluntad”, explica.

En 2024 recibieron, en los momentos más álgidos de la guerra en Goma, a 21 chicas que habían sufrido violencia sexual. Todas recibieron atención médica y acompañamiento durante tres meses, tras los cuales 16 pudieron reunirse con sus familias. “Esto no es un orfanato, es un centro de recuperación de heridas invisibles, para que el niño pueda volver a la escuela o ser acogido en una familia”, explica.

Difícil acceso a la justicia y recortes

Estas violaciones se producen en medio de un contexto que dificulta la rendición de cuentas. Así lo desvela otro informe publicado a mediados de enero por Human Rights Watch (HRW) que documenta 27 casos de violencia sexual cometidos contra niñas y mujeres en el este del país por miembros de al menos cinco grupos armados no estatales y el ejército congoleño. La investigación destaca las diferentes barreras que hacen que el acceso a la justicia “siga siendo difícil de alcanzar para la mayoría de las víctimas de violencia sexual”. Entre ellas, el miedo y la imposibilidad de identificar a los agresores, la inseguridad, la falta de información, la desconfianza en el sistema judicial y los altos costes. HRW destaca que, incluso cuando los casos consiguen llegar a juicio, las barreras lingüísticas, las deficiencias del sistema de justicia militar y los problemas graves de protección de víctimas y testigos debido a la inestabilidad dificultan la consecución de justicia.

Además, los trabajos de HRW y Unicef advierten de que los recortes de financiación mundial están afectando a la atención de las supervivientes.

Por ejemplo, HRW explica que los recortes a la ayuda internacional estadounidense de principios de 2025 interrumpieron “abruptamente la atención médica de emergencia y otras formas de apoyo” a las supervivientes. Como consecuencia, muchas quedaron embarazadas o contrajeron VIH, ya que las clínicas y los hospitales del este de RDC se quedaron sin existencias de kits de profilaxis postexposición (PEP). Estos tratamientos de emergencia, que deben administrarse en las 72 horas siguientes a la agresión sexual, eran suministrados en gran medida por proyectos financiados por Estados Unidos.