Limpieza étnica y ejecuciones en la guerra oculta de Burkina Faso: “Encontré los cuerpos con balas en la cabeza, el pecho y el estómago”

“Todos los cadáveres, excepto el de mi hijo, estaban amontonados en el patio, con los ojos vendados, la ropa hecha jirones y las manos atadas a la espalda. Incluso las manos de las dos niñas estaban atadas. Los cuerpos estaban acribillados a balazos. El cuerpo de mi hijo estaba tumbado boca abajo. Le habían disparado en la nuca”. Así describe un pastor fulani de 41 años la escena que encontró un día después del ataque de los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), milicias civiles aliadas del Gobierno de Burkina Faso, contra un asentamiento a unos cuatro kilómetros de la aldea de Bassé, en el oeste del país, a finales de noviembre de 2023. En el patio de la casa de su familia había 11 cadáveres: entre ellos, cinco mujeres de entre 20 y 67 años, tres niños de entre 4 y 13 años, y el de su hijo, de 18 años.

Aquel ataque fue solo el primero. Una semana más tarde, los mismos hombres regresaron al asentamiento y mataron a un adolescente de 15 años y a una mujer enferma que no pudo huir. “Cuando volví, me encontré con una desolación total. Nos habían quemado las casas”, dijo una mujer de 34 años, sobre el mismo episodio. Después de ese segundo asalto, toda la comunidad fulani huyó.

El caso de Bassé no es un episodio aislado. Forma parte de un patrón de violencia sistemática que Human Rights Watch (HRW) describe en el informe Nadie puede escapar, publicado este jueves, en el que desgrana crímenes de guerra y de lesa humanidad que atribuye tanto al ejército burkinés como a las milicias que lo apoyan, las VDP. También responsabiliza al grupo Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, JNIM), vinculado a Al Qaeda y principal grupo islamista de Burkina Faso. Desde 2016, esta organización mantiene una insurgencia contra el Gobierno y controla amplias zonas del territorio, donde ataca a las fuerzas de seguridad, asesina a civiles y saquea propiedades.

“Los asesinatos y otros abusos graves contra civiles eran y son centrales en las tácticas tanto de las autoridades militares como de JNIM”, explica Ilaria Allegrozzi, investigadora de la organización y coautora de la investigación, en una videollamada con este diario. En total, el informe de HRW documenta 57 episodios de abusos graves cometidos entre enero de 2023 y agosto de 2025, en los que al menos 1.837 civiles fueron asesinados en 11 regiones del país, a partir de 450 entrevistas (380 con víctimas de agresiones), así como del análisis de imágenes satelitales, vídeos y material difundido por las propias partes implicadas.

Aunque la violencia afecta a amplias capas de la población, no todas las comunidades la sufren por igual. Una parte significativa de esta violencia se concentra en las comunidades fulani, el segundo grupo étnico más numeroso del país. Tanto el ejército como las milicias VDP las acusan de simpatizar con los grupos islamistas, una asociación que, según la organización, carece de base real y ha derivado en una campaña sistemática de castigos colectivos y desplazamientos forzosos. “La persecución contra los fulani ha derivado en limpieza étnica”, afirma Allegrozzi. En varias aldeas, los supervivientes relataron que los soldados ordenaron a los fulani abandonar sus hogares “porque todos eran terroristas”, mientras quemaban viviendas, destruían cultivos o confiscaban ganado.

El cuerpo de mi hijo estaba justo al lado, tumbado boca abajo. Le habían disparado en la nuca

Un pastor fulani

“Este es un conflicto olvidado. La escala, la gravedad y la extensión de los abusos están muy ocultos al resto del mundo”, en parte por el clima de miedo, terror, represión e intimidación impuesto por la junta militar, que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2022, con el capitán Ibrahim Traoré a la cabeza, añade la experta. Allegrozzi subraya que el informe no solo documenta los crímenes, sino que identifica a quienes tienen responsabilidad de mando en ellos, incluyendo al propio Traoré y a otros altos oficiales, así como a los líderes de JNIM, entre ellos su jefe en Burkina Faso, Jafar Dicko.

Atrapados

El informe dibuja un conflicto en el que la población civil ha quedado atrapada entre dos fuegos: por un lado, operativos militares que irrumpen en aldeas acusadas de simpatizar con los yihadistas, arrestos arbitrarios, ejecuciones colectivas y cuerpos abandonados a la intemperie; y, del otro lado, grupos armados que sitian poblaciones enteras, imponen castigos indiscriminados y emplean el hambre como herramienta de control. En muchos casos, las comunidades reciben amenazas cruzadas: si colaboran con las fuerzas gubernamentales, JNIM las castiga; si no lo hacen, el ejército y las VDP las señalan como cómplices de la insurgencia. El resultado es un círculo perverso en el que la mera presencia geográfica basta para convertir a familias enteras en objetivo militar o insurgente. “La gente se siente atrapada, no sabe a dónde ir; por una parte, no encuentra protección y, por otra, encuentra violencia”, resume Allegrozzi, que subraya que, según Naciones Unidas, al menos dos millones de personas han sido desplazadas por el conflicto.

En algunos puntos del país, esta violencia que señala la investigadora alcanza dimensiones masivas. El 25 de febrero de 2024, en las aldeas de Nondin y Soro, en la provincia norteña de Yatenga, HRW documentó que soldados burkineses ejecutaron sumariamente a 223 civiles, entre ellos al menos 56 niños, acusándolos de colaborar con JNIM.

Meses después, el 24 de agosto, combatientes de JNIM mataron al menos a 133 personas —entre ellas decenas de menores—, e hirieron a más de 200, en Barsalogho, en la provincia de Sanmatenga, en represalia contra una comunidad a la que el Gobierno había obligado a cavar una trinchera defensiva alrededor de la localidad. Según los testimonios recopilados por HRW, decenas de hombres montados en motocicletas y armados con rifles de asalto y ametralladoras dispararon indiscriminadamente contra la gente, “avanzando y retrocediendo por la trinchera y ejecutando a quienes aún seguían con vida”.

Mientras estos ataques estremecen al país por su escala, HRW subraya que la violencia diaria, más fragmentada y menos visible, también está dejando un rastro devastador.

“Encontré a mi familia y a la familia de mi vecino masacradas. Mis esposas y mis hijos estaban muertos… El único superviviente [de mi familia] fue mi hijo de 11 años… Encontré los cuerpos tirados en el suelo, con balas en la cabeza, el pecho y el estómago. Mi pequeño tenía una herida en la pierna izquierda… Lo saqué de entre una pila de cadáveres. Encontré a otros cinco niños heridos de la familia de mi vecino”. El testimonio es de Samer (nombre ficticio). El 14 de diciembre de 2023, las fuerzas militares y sus milicias aliadas mataron a 19 de sus familiares durante un ataque contra la localidad de Bouro, en la región de Sahel.

Encontré a mi familia y a la familia de mi vecino masacradas. Mis esposas y mis hijos estaban muertos… El único superviviente fue mi hijo de 11 años

Samer, víctima burkinesa de la violencia

Impunidad

Desde el punto de vista jurídico, los abusos documentados por HRW podrían constituir crímenes de guerra y, en algunos casos, crímenes contra la humanidad, al tratarse de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. La organización sostiene que tanto las autoridades militares como los líderes de JNIM podrían ser penalmente responsables, no solo por ordenar estos actos, sino también por no impedirlos o castigarlos.

Pero la impunidad es casi absoluta. En muchos casos, las denuncias ni siquiera llegan a investigarse y, cuando lo hacen, los funcionarios encargados de impulsarlas pueden convertirse en objetivo. HRW documenta, por ejemplo, que siete magistrados fueron reclutados por la fuerza y enviados durante meses a zonas de combate después de intentar investigar abusos atribuidos a las VDP. “El Gobierno castiga a sus críticos secuestrándolos y enviándolos al frente”, denuncia Allegrozzi, que señala que esta táctica no se limita solo a funcionarios de justicia, sino también a activistas o periodistas.

Por eso HRW dirige su mirada a la Corte Penal Internacional. Burkina Faso es Estado parte del tribunal, lo que permitiría su intervención si las autoridades nacionales no actúan. No obstante, el Gobierno ha amenazado con retirarse del organismo, en línea con una política de creciente aislamiento internacional desde la llegada al poder del capitán Ibrahim Traoré. “Alejaría aún más cualquier posibilidad de justicia para las víctimas”, lamenta Allegrozzi, quien, pese a ello, considera “fundamental documentar y preservar las evidencias”: “Si no lo hacemos ahora, no habrá justicia mañana”, vaticina.