“Aquí hay tres hidroeléctricas, pero nosotros no tenemos luz”: la injusticia energética golpea al pueblo maya Ixil
Grandes centrales eléctricas operan en territorio indígena en Guatemala, mientras la población local convive con apagones y generadores. Una consulta está en marcha para visibilizar el papel de las comunidades como guardianas del territorio

La sala de rayos X del hospital de Nebaj, el único de la región Ixil, punto de referencia para casi 170.000 habitantes del departamento de Quiché, en el oeste de Guatemala, deja de funcionar a las cinco de la tarde y no vuelve a arrancar hasta las 22.30. El gran generador a la espalda del edificio ruge con fuerza, pero no logra cubrir la demanda de todo el hospital cuando la electricidad registra un fallo importante. “Si el generador deja de funcionar, las personas entubadas en el área crítica pueden morir y quien necesita una radiografía debe pagar una clínica privada”, murmura un enfermero en los pasillos.
A pocos kilómetros, las turbinas de tres de las hidroeléctricas más grandes de Centroamérica no dejan de girar. Según el Observatorio de Industrias Extractivas, el 14,73% de la energía hidroeléctrica de Guatemala proviene del área Ixil, pero las centrales no alimentan directamente a las casas de la zona, donde hay menos del 80% de cobertura eléctrica. Y cuando hay, es de mala calidad.

Las tres hidroeléctricas son Hidro Xacbal y Xacbal Delta, en el territorio de Chajul, operadas por la empresa homónima Hidro Xacbal S.A., parte del grupo empresarial hondureño Grupo Terra, y Palo Viejo de la italiana Enel Green Power, gestionada por su filial local Renovables de Guatemala, en San Juan Cotzal. Durante la redacción de este reportaje, EL PAIS ha intentado contactar sin éxito a Grupo Terra, mientras que Enel y Grupo Energía Bogotá y sus filiales Trecsa/Conecta, consultadas para este trabajo, no ofrecieron su versión de los hechos.
En el pequeño Centro de Salud de Chajul, a solo 20 kilómetros de la Hidro Xacbal, Wendy María De Paz Santiago, responsable del programa de inmunización, vigila con preocupación que la temperatura del refrigerador donde se almacenan las vacunas contra la covid-19 se mantenga a -24°C. Cada vez que hay un bajón de intensidad o un corte de luz, o si el generador está apagado por mantenimiento, debe trasladarlas a cajas frías externas refrigeradas con cápsulas previamente congeladas. “Siempre hay una persona de turno nocturno para mover las vacunas si hay un corte de luz en la noche”, cuenta De Paz Santiago.
La región Ixil es conocida por haber sido uno de los principales escenarios del conflicto armado interno y haber sufrido un genocidio entre 1981 y 1983 a manos del ejército. Los Acuerdos de Paz de 1996 ponían las bases para la construcción de una sociedad más justa y democrática, pero, en lugar de inversión pública, el Estado abrió las puertas al capital privado extranjero. Nebaj, que significa “tierra donde nace el agua”, y toda la región Ixil, se convirtieron en un imán para las empresas generadoras de energía hidroeléctrica.
En la primera década de los años 2000 se inició la construcción de Palo Viejo e Hidro Xacbal, gracias a licencias otorgadas por el Estado, pero sin la consulta previa a las autoridades ancestrales, en violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que puedan afectarles directamente.
Desde entonces, las alcaldías indígenas Ixiles de Nebaj, Chajul y Cotzal denuncian la ocupación del territorio, el desvío de los ríos, la instalación de torres de transmisión eléctrica a alta tensión y, encima, la paradoja de no tener una buena conexión eléctrica en sus hogares.
“Hay tres hidroeléctricas, pero nosotros no tenemos luz. Por culpa de los bajones de intensidad se han quemado muchos electrodomésticos. Muchas familias usan generadores a gasolina peligrosos para la salud”, agrega Feliciana Herrera, alcaldesa indígena de Nebaj. A finales de septiembre, en Chajul, una mujer y su hijo murieron mientras dormían por inhalar gases del generador.
La falta de electrificación de este territorio es una responsabilidad del Estado que debió resolverse hace añosVíctor Hugo Ventura Ruiz, ministro de Energía y Minas de Guatemala.
El recorrido interrumpido de la electricidad
En Guatemala la electricidad pasa por tres fases: generación, transporte y distribución, cada una a cargo de empresas distintas. En este largo viaje, la energía no siempre llega a las comunidades más cercanas a donde se produce. De hecho, la aldea de Batzchocola, a menos de 10 kilómetros de la hidroeléctrica Xacbal Delta, no tiene servicio de energía eléctrica, aunque al menos cuatro torres de alta tensión cruzan el territorio.
“La falta de electrificación de este territorio es una responsabilidad del Estado que debió resolverse hace años”, reconoce Víctor Hugo Ventura Ruiz, ministro de Energía y Minas de Guatemala. “Para garantizar un servicio eléctrico estable en el área Ixil tenemos que contratar una empresa que mejore las líneas de transporte y electrifique dos subestaciones cercanas, en Sacapulas y Uspantán. Todo esto proceso tomará entre 12 a 36 meses y esperemos que se llegue a una electrificación completa del territorio hacia 2032. Sin embargo, para lograr este resultado, la población debe permitirnos trabajar”, añade.
El retraso en crear una conexión eléctrica estable, sumado a la falta de diálogo con la comunidad ixil, han generado desconfianza hacia el Estado. “Queremos el desarrollo y la luz. Hace falta que nos sentemos, Gobierno y comunidades, para hablar de las obras con transparencia. La gente está cansada porque no ha recibido ningún beneficio de la producción eléctrica”, explica Sergio Vi, de la alcaldía indígena de Chajul.
Sin luz, pero con recibos muy caros
Es la una de la tarde de un lunes cualquiera y en el centro de Nebaj hay un corte de energía. Un policía municipal empieza a dirigir el tráfico, porque el semáforo del cruce frente a la iglesia ha dejado de funcionar. A pocos metros, el generador del Domino’s Pizza arranca con un fragor que ahoga cualquier conversación.
“Los generadores contaminan el aire y hacen un ruido insoportable”, comenta Feliciana Herrera, de la alcaldía indígena de Nebaj. “Esto es lo contrario de una transición energética, encima el costo de la energía es muy alto”. El hospital de Nebaj lo confirma con cifras. Según el centro, el recibo mensual de electricidad ronda los 20.000 quetzales (unos 2.250 euros), a lo que se suman gastos similares en combustible para el generador y en reparaciones de los equipos dañados por los bajones de voltaje. Una paradoja si se considera que la energía hidroeléctrica tiene costos operativos y de mantenimiento más bajos que una planta termoeléctrica, pero esto no se traduce en tarifas más bajas para las comunidades productoras.

“La falta de energía eléctrica afecta también el derecho a la educación”, agrega Herrera, que explica que muchos estudiantes no pueden cargar sus dispositivos ni conectarse a internet. ”Se están burlando de nosotros”, añade.
La electricidad que llega a la región Ixil es distribuida por Energuate, una multinacional que sirve a 21 de los 22 departamentos de Guatemala, y que, para muchos, es la principal responsable del mal servicio.
“La zona del Triángulo Ixil es atendida eléctricamente por líneas que provienen desde Huehuetenango. Estas redes, por su longitud y cantidad de usuarios no permiten una adecuada gestión de las demandas eléctricas de los tres municipios. Hasta que no se cuente con potencia firme nueva en la zona, poco se puede hacer para mejorar el servicio”, explican desde Energuate.
“A mí no me importa cómo lo hagan, pero queremos la luz, sí o sí”, exige Concepción Santay Gómez, de la Alcaldía Indígena de Cotzal. Gómez encabezó la lucha por la consulta sobre la hidroeléctrica Palo Viejo y la línea de transmisión, adquirida en el 2023 por Grupo Energía Bogotá y gestionada por su filial Transportadora de Energía de Centroamérica S.A.(Trecsa). En 2015, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la construcción de torres eléctricas sin consentimiento previo del pueblo Ixil.
Por culpa de los bajones de intensidad se han quemado muchos electrodomésticos y ni podemos recargar el celular. Muchas familias usan generadores a gasolina peligrosos para la saludFeliciana Herrera, alcaldesa indígena de Nebaj
“El proceso de consulta está en marcha”, asegura el ministro Ventura Ruiz. Pero “con respecto a las hidroeléctricas, no existe ninguna obligación legal que nos permita exigirles que participen en la electrificación de las comunidades, que es una responsabilidad del Estado”. La falta de energía eléctrica estable afecta a un territorio ya vulnerable donde el 74,7% de la población vive en pobreza y el 41,8% en pobreza extrema, según la OMS.
Paradójicamente, Guatemala ha exportado en el 2024 un total de 842,26 GWh, suficiente para iluminar alrededor de medio millón de hogares con uso moderado de energía.
El tichajil y la ocupación histórica del territorio Ixil
“Nunca se ha reconocido la ocupación histórica del territorio maya Ixil, antes por las fincas y ahora por las hidroeléctricas”, explican investigadoras del Observatorio de Industrias Extractivistas que acaba de publicar un estudio sobre generación y transmisión de energía en Cotzal. “Entonces, la consulta es clave para visibilizar el papel del pueblo indígena como guardián del territorio frente al uso del bien público por parte de empresas privadas”, enfatizan.
Engracia Reina Mendoza, primera alcaldesa de la alcaldía indígena de Chajul, lleva más de una década exigiendo justicia ambiental. “Las hidroeléctricas han sido un grave factor de disgregación del pueblo”, explica Mendoza, en un cuarto iluminado por un pequeño foco y con techo de chapa. “Muchas familias fueron despojadas con el favor del Estado poco después de haber regresado a sus tierras, después de 30 años de conflicto armado y un genocidio que aún nos tiene traumatizados”.

Sergio Fernando Vi, de la misma alcaldía ancestral, asiente. “Las empresas afectan al tichajil, que es la vida y el entorno del que somos parte", cuenta. Gran parte del territorio Ixil, anteriormente gestionado por las comunidades indígenas, fue transformado al comienzo del siglo XX en fincas privadas en manos de pocos grandes propietarios que, décadas después, han vendido o alquilado las tierras a las grandes empresas.
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