Vecinos que deciden cómo y en qué gastar el dinero público

El 2020 reavivó los debates que cuestionan la funcionalidad de las democracias y la capacidad de los gobernantes para gestionar crisis y asuntos estructurales como la inseguridad. En México, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, señala que más del 61% de las personas mayores de 15 años desconfían de la Policía y las instituciones judiciales. El problema se magnifica cuando se espera que políticas públicas generales funcionen de manera similar a distintas escalas territoriales y especificidades urbanas.

Desde 2010, se han desarrollado en la Ciudad de México consultas anuales inspiradas en el modelo del Presupuesto Participativo de Porto Alegre, Brasil, orientadas a determinar de manera deliberativa entre el Gobierno y los habitantes de las 1.767 unidades territoriales en que se divide la ciudad, la forma en que se gastará una parte del erario para resolver problemáticas de servicios urbanos. Esta forma de democracia participativa resta presión a las autoridades y transfiere a los habitantes la responsabilidad de la búsqueda de soluciones.

Entre 2016 y 2019 el 81% de las personas encuestadas en la Ciudad de México se sintieron inseguras

El proceso consiste en identificar y discutir en asambleas públicas las prioridades e insuficiencias de cada comunidad para que las personas interesadas propongan proyectos temáticos que posteriormente se votarán secretamente en una consulta organizada por el instituto electoral de la ciudad bajo el lema ‘Enchula tu colonia’. Las propuestas ganadoras, una en cada unidad territorial, deberán ejecutarse por parte de las alcaldías.

La seguridad es prioritaria

De acuerdo con la información del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) del periodo 2011 a 2019, la tasa de incremento medio anual de votos a favor de proyectos de presupuesto participativo encauzados a atender asuntos de seguridad pública y prevención del delito ha sido del 11%, mientras que en promedio, la proporción de sufragios en esta temática comparada con otros rubros como obras de reparación de infraestructura y construcción de equipamientos destinados a actividades de salud, deportivas o culturales es del 23%.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), se estima que entre 2016 y 2019 el 81% de las personas encuestadas en la Ciudad de México se sintieron inseguras, no obstante entre el primero y el último trimestre de 2020 este porcentaje descendió hasta 69%. Este contexto coincide con la declaratoria de emergencia del Gobierno federal a causa de la pandemia, que obligó al confinamiento a buena parte de la población y que se extendió desde el mes de marzo hasta finales del año. Aún con ello de los 1.767 proyectos de presupuesto participativo ganadores en la ciudad en 2020 el 35% (625) correspondieron a temáticas relacionadas a atender la inseguridad, dato que destaca frente al promedio de años anteriores.

Iluminación y videovigilancia, los proyectos más votados

La ENSU considera algunos factores como la expectativa de empeoramiento de la delincuencia, el cambio de hábitos en el uso de calles y el desempeño de las autoridades como determinantes en la percepción de inseguridad. Desde esta perspectiva y tomando en cuenta que más de la mitad de la población desconfía de las instituciones de seguridad e impartición de justicia, resulta congruente que las personas se hagan cargo de estos asuntos en sus comunidades a través de proyectos que faciliten la movilidad en determinados momentos del día o que fortifiquen y segreguen el espacio mediante tecnologías de vigilancia.

De acuerdo con los cómputos de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo del año 2020 organizada por el IECM, de los 625 proyectos ganadores, el 56% de las propuestas conciernen a la colocación o mantenimiento de luminarias, el 41% a la instalación de cámaras de vigilancia y el 3% a la delimitación física del espacio mediante rejas u otro tipo.

En la Ciudad de México, el presupuesto participativo ha demostrado durante la última década su potencial como alternativa viable para atender problemas locales que generalmente los gobiernos no diagnostican ni resuelven de forma específica. Este modelo facilita la resolución de problemas desde una mirada comunitaria, muchas veces asincrónica con las tendencias globales con la ventaja de que la deliberación y la discusión pueden derivar positivamente en la creación de redes de solidaridad y fortalecimiento del tejido social.

Esteban Manuel Gómez Becerra es Politólogo y Urbanista. Asesor del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ganador de la medalla Alfonso Caso al mérito universitario de la UNAM en el año 2013 por su investigación sobre pueblos originarios urbanos.

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