Los esclavos del ‘spam’

Los intentos de estafa por internet han alcanzado en algún momento a todos los usuarios por correo electrónico, en las redes sociales o incluso a través de SMS. Es un negocio rentable. Pero si bien está claro el coste económico y humano que pagan las víctimas del ciberfraude, menos conocido es el coste de los que están obligados a perpetrarlo. Detrás de cada intento de estafa suele haber una persona real: de acuerdo con un informe de 2023 de la ONU, solo entre Camboya y Myanmar podría haber 220.000 personas obligadas a estar delante de una pantalla intentando captar víctimas de fraudes. Muchos de ellos proceden de otros países asiáticos, tienen conocimientos de inglés y chino, y son atraídos a estas macrogranjas de estafas con falsas promesas de trabajos lucrativos. Quienes han logrado escapar de este infierno denuncian que allí viven bajo condiciones de esclavitud, con agresiones físicas que incluyen castigos como las descargas eléctricas.

Las autoridades locales, en muchos casos, hacen la vista gorda. Pero la presión internacional, especialmente de China (cuyos ciudadanos son víctimas preferentes, tanto de las estafas como de la esclavitud), ha forzado a llevar a cabo operaciones como la que, el mes pasado, llevó a la extradición a China desde Camboya del magnate del juego online Chen Zhi, acusado por Pekín de encabezar una red de ciberestafas. Se enfrenta a un destino similar al de las 11 personas ejecutadas a finales de enero por orden de un tribunal de Wenzhou, al oeste de China, tras ser condenadas por varios delitos, entre ellos homicidio y fraude a través de telecomunicaciones. Según las autoridades de Pekín, el dinero estafado superó los 1.300 millones de euros.

Miles de personas huidas de las granjas de estafas desmanteladas buscan ahora cómo volver a casa. El horror de lo que sabemos de estas modernas plantaciones esclavistas obliga a preguntarse cuál será su dimensión real. También nos lleva a preguntarnos acerca de la responsabilidad de las grandes plataformas en el éxito de estas actividades. Una investigación de Reuters el pasado noviembre indicó que el gigante Meta (propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp) incluyó en sus propias previsiones de ingresos que el 10% de su facturación, nada menos que 16.000 millones de dólares, venía probablemente de publicidad de productos y servicios fraudulentos.

Las autoridades, judiciales y policiales, locales e internacionales, deben dedicar a estas telarañas del crimen por internet un esfuerzo similar al que se dedica al tráfico global de drogas; al fin y al cabo, las consecuencias sobre la sociedad son similares. Los expertos hablan de una epidemia de fraude digital a escala mundial que, ahora lo sabemos, se alimenta de trabajo esclavo masivo y de redes de trata de seres humanos. Nadie es ajeno a este drama, pues todos llevamos la puerta de entrada a este mundo en el bolsillo.