Por un verdadero plan de vivienda

El Gobierno ha anunciado esta semana un nuevo paquete de medidas sobre la vivienda que incluirá una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler al renovar los contratos. Este año vencen 630.000 contratos firmados durante la pandemia de la covid-19 —según datos del Ministerio de Consumo— y la espiral del mercado de alquiler en los últimos años hace pensar que se van a encarecer notablemente para cientos de miles de inquilinos. La medida, cuya letra pequeña todavía se desconoce, ha abierto una brecha con el socio minoritario de la coalición de Gobierno, Sumar, que considera que la rebaja fiscal es una medida injusta e ineficaz que solo contribuirá a agrandar la desigualdad entre caseros e inquilinos.

El Ejecutivo presenta la iniciativa como una medida “pragmática” para garantizar que el parque de vivienda en alquiler, ya de por sí insuficiente para atender la demanda, no se desboque definitivamente este año. Se decide a intervenir en el mercado con incentivos fiscales para los propietarios. La anterior estrategia fue el control de precios contemplado en la Ley de Vivienda de 2023, que se ha aplicado de forma muy limitada porque las competencias son autonómicas y el PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, rechaza de plano el concepto. Desde la formación del Gobierno de coalición a finales de 2019, la política de vivienda ha sido uno de los asuntos centrales de la disputa interna, fruto de dos posiciones dispares sobre cómo intervenir el mercado, en especial en el alquiler. Este enfrentamiento, y el rechazo de otros socios de investidura como Podemos, ponen en cuestión la convalidación de un futuro decreto con estas medidas en el Congreso.

En un contexto de emergencia habitacional, cualquier iniciativa que pueda servir de alivio al mercado es en principio bienvenida. Sin embargo, no parece que un decreto vaya a atacar el problema de fondo de un mercado disfuncional como el de la vivienda, sino que más bien sea un mero parche para evitar acusaciones de inacción por parte de la ciudadanía ante la gravedad de la situación. Los partidos parecen haber tomado conciencia de que cada vez más las elecciones, en cualquier nivel de gobierno, se van a decidir por la audacia de las propuestas en un asunto que es la principal angustia económica de la clase media española y en especial de la juventud. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado esta semana su plan de vivienda en el que vincula las transferencias a los gobiernos autonómicos en materia de financiación a la cantidad de vivienda que promuevan. Vox ha respaldado la propuesta del presidente de EE UU, Donald Trump, de prohibir que los grandes fondos inmobiliarios puedan comprar viviendas unifamiliares. Sin embargo, los de Abascal rechazaron una medida en esa misma línea cuando se votó en noviembre en el Congreso a iniciativa de Sumar.

La bala de plata que ataje la crisis habitacional no existe. Las medidas-parche generan titulares rápidos, pero erosionan la confianza a medio plazo. Cuando los precios siguen subiendo pese a la sucesión de anuncios, el mensaje implícito es que “no hay alternativa”, reforzando la frustración social y la percepción de impotencia de los poderes públicos. La carestía de la vivienda, convertida en un problema crónico, acaba normalizándose como un mal inevitable. La crisis es un problema tan profundo y complejo que requiere de un pacto de Estado en el que todas las Administraciones se sienten para fijar un suelo regulatorio común, estable y previsible, que sobreviva a los ciclos electorales. De lo contrario, los ciudadanos les pasarán factura.