La reconstrucción del contrato social

El contrato social de Rousseau, publicado en 1762, fue probablemente la más alta cumbre de la literatura política anterior a las grandes revoluciones del XVIII. El libro, inacabado —falta la cuarta parte, que había de ser la más ardua por cuanto iba a dedicarse a concretar lo concebido—, trata de la igualdad y libertad de todos los hombres, reunidos en un Estado estatuido mediante un contrato social.

Dicho contrato configura un Estado de derecho —un corpus normativo acordado que debe ser acatado por todos— que disfruta de la legitimidad que su origen paccionado le concede. Expresa, en definitiva, lo que el propio Rousseau denominó voluntad general, capaz de sustituir con ventaja la voluntad real, que por aquel entonces entroncaba todavía con argumentos de derecho divino. Como ha escrito Tuñón de Lara en su prólogo a una versión de la obra en castellano, “resulta evidente que la idea de Voluntad General de Rousseau estaba inserta en un modelo moralizante con gran carga de utopía y suponía una sociedad que no estuviese escindida en grupos con intereses antagónicos; en su proyecto de organización social, esta se movía a impulsos de la cooperación y la solidaridad y no de la lucha y la competencia”. En definitiva, aquel contrato requería un acuerdo originario, una cuasi unanimidad paccionada de principio para erigir sobre ella la pluralidad.

La política y la utopía van de la mano a lo largo de la historia, aun sin necesidad de hacer referencia a los proyectos genuinamente ideales que describen una sociedad imposible, como la que proyectan todos los totalitarismos. Los modelos reales son simples aproximaciones, y la voluntad general acaba reduciéndose irremisiblemente a lo que expresa en cada caso el resultado electoral. Pero esta reducción de lo sublime a lo posible y prosaico no desvirtúa los razonamientos ni desmonta la tesis a la que aquí queremos llegar: para que una democracia parlamentaria funcione cabalmente, es preciso que se sustente sobre un amplio consenso político y social de mínimos que abarque a una mayoría notablemente cualificada. Por otra parte, aunque no se pueda medir con exactitud la envergadura de esta fracción mayoritaria, sí es posible discernir con suficiente precisión cuándo una idea-fuerza poderosa articula y vertebra el cuerpo social.

Es evidente que la voluntad general de un ente colectivo no es estática ni permanente: evoluciona con el sistema de creencias, con las influencias filosóficas y religiosas que la colectividad reciba y digiera, con la evolución del conocimiento y de la ciencia, etcétera. En los años treinta del pasado siglo, y en todo el periodo de entreguerras, surgieron vectores ideológicos totalitarios que sembraron el desconcierto y cocinaron una cruel confrontación intelectual que acabó en guerra desaforada y exorbitante, que se zanjó con entre 50 y 60 millones de muertos y el lanzamiento de dos apocalípticas bombas atómicas.

La Segunda Guerra Mundial impulsó la cristalización de las dos ideologías primigenias, colectivista y liberal, que protagonizaron la dialéctica democrática de la bipolaridad. La democracia parlamentaria a un lado, el totalitarismo colectivista al otro. El autoritarismo reaccionario —el nacionalsocialismo, los fascismos— salió totalmente desacreditado y destruido de aquella cruenta lid que él mismo había provocado. El colectivismo utópico perduró hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 y la socialdemocracia ocupó el centro-izquierda.

Aquel parlamentarismo reforzado y purificado por la guerra, propio de los países occidentales beligerantes, sirvió para constitucionalizar algunos estados devastados por el conflicto como Alemania y Japón. Y fortaleció y animó a las viejas democracias que habían surgido de las revoluciones burguesas. En los ochenta, caía el Muro de Berlín y Fukuyama publicaba en 1989 el ensayo El fin de la Historia en la revista The National Interest, que daría lugar a un bestseller de gran audiencia…

El parlamentarismo surgido de la Segunda Guerra Mundial, basado en el que los politólogos llamaron “consenso socialdemócrata”, no fue genérico sino bastante específico, a pesar de que Rousseau había dejado abierta la ardua cuestión del tamaño del Estado (el libro III del Contrato social dictaminaba claramente que “cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad”). Aquel específico consenso, que formalizaba un Estado social de dimensiones prudentes, habría de responder a los criterios en boga de la democracia representativa, de acatar estrictamente los códigos de derechos humanos declarados por Naciones Unidas, de introducir criterios de redistribución de la riqueza en aras de la equidad; y además, todo aquello debería conjugarse con una regulación y un control económicos para avanzar hacia el bien común, y existiría un estado de bienestar que proporcionaría a la ciudadanía los grandes servicios sociales, preferentemente universales y gratuitos.

Nadie, en aquellos creativos años, sugirió siquiera la homogeneidad del mundo occidental. En el marco tratado, en buena medida tácito pero muy bien interiorizado por una mayoría abrumadora, cabían perfectamente los vectores socialdemócratas y liberales con diversos grados de intervencionismo y de amplitud de lo público. El tamaño del sector público, dentro de ciertos límites, no afectaba al general consenso político occidental.

Podría decirse que aquella situación plausible —tan admirable que Fukuyama llegó a pensar que estábamos a las puertas del paraíso— duró hasta la gran crisis de 2008-2010, directamente provocada por la brutal desregulación económica y financiera que habían establecido los Estados Unidos, provocando el inevitable crash. La inestabilidad y el miedo de aquellos años generaron una gran desafección hacia el establishment en prácticamente todo occidente, ya que las administraciones tuvieron que adoptar medidas de estabilización altamente impopulares y muy lesivas para las clases medias. Y en aquel clima, los movimientos migratorios generados por los desequilibrios socioeconómicos y por las sucesivas guerras regionales excitaron los peores instintos de quienes habían perdido su estatus o debían luchar a brazo partido para no perecer. En aquel marco surgieron los populismos, con ideas que iban de lo sensato a lo extravagante. Y por las razones que fuesen, mientras los progresistas se insertaban venciendo dificultades en los nuevos contextos democráticos, los actores de extrema derecha fundaban destructivos partidos radicales, imitando los viejos modelos del fascismo y el nazismo, o, como el Partido Republicano de los Estados Unidos, adoptaban posiciones extremistas, cargaban contra la redistribución económica —Trump no oculta que pretende eliminar el impuesto sobre la renta— y adoptaban actitudes introspectivas, xenófobas y racistas que, además de evocar el vergonzoso pasado esclavista del país, está destruyendo el germen multiculturalista que ha hecho de Norteamérica un floreciente melting pot [crisol de culturas] enriquecido por la diversidad.

Hoy, los europeos estamos sumidos en un gran desconcierto, que la derecha autoritaria aprovecha para infiltrarse y crecer, con grave peligro para las democracias tambaleantes. Actualmente, la relación trasatlántica no solo no consolida nuestro venerable modelo de vocación federal sino que lo perturba gravemente (Groenlandia es el símbolo de una divergencia crítica). Por eso, los 27 miembros de la UE han de convocar un nuevo pacto social, que, además de excluir a quienes ya han renegado del actual —Hungría, de momento—, perfile, resalte y decante los elementos básicos de un parlamentarismo humanizado que recupere el bagaje humanista que se nos ha perdido y abra las puertas a un futuro insobornablemente libre, abierto, plural, mestizo y acogedor.