Las atrocidades de El Asad

La extensa y terrorífica documentación sobre torturas y asesinatos cometidos por el régimen de Bachar el Asad es apenas una muestra de lo que fue capaz la dictadura hereditaria que sojuzgó Siria desde 1971 hasta su caída hace un año. Los archivos a los que ha tenido acceso EL PAÍS demuestran que, sobre todo a raíz de la guerra civil desencadenada en 2011, la tiranía de Damasco ejerció una sistemática política de eliminación física contra cualquier opositor. Se trata de crímenes que no pueden quedar sin castigo y cuyo macabro registro debe pasar a engrosar los procesos ya en marcha para establecer y depurar las responsabilidades del dictador —actualmente refugiado en Rusia, su tradicional aliado— y de sus cómplices.

El bautizado como Damascus Dossier —que la televisión pública alemana NDR, la primera en recibirlo, ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 25 medios en 20 países, entre ellos este periódico— incluye más de 64.000 documentos oficiales del régimen y de sus servicios secretos, así como más de 33.000 fotografías de detenidos tomadas por los propios militares. Un auténtico catálogo de los horrores con un total de 10.212 detenidos asesinados en lo que se ha convertido ya en la mayor base de datos sobre prisioneros de la tiranía de El Asad jamás hecha pública.

Al igual que en otros casos en los que han aparecido fotografías de cadáveres de presos torturados y asesinados, la documentación existe porque los funcionarios sirios tomaban esas imágenes para probar ante sus superiores la muerte de los opositores y, al mismo tiempo, expedir certificados de defunción, a menudo con causas genéricas de fallecimiento. Los síntomas de inanición y las heridas en cuello y cabeza presentes en muchos de los cadáveres fotografiados apuntan a una realidad muy diferente.

Con anterioridad a esta revelación, los organismos de defensa de los derechos humanos ya habían documentado el asesinato de al menos 157.000 personas a manos del régimen de El Asad durante la guerra civil, lo que convierte su dictadura —heredada en 2000 de su padre, Hafez— en una de las más sanguinarias del siglo XXI. Aunque la guerra, que estalló a raíz de las Primaveras Árabes, haya terminado, no puede caer en el olvido que miles de ciudadanos sirios buscan todavía a sus seres queridos. Ellos y sus familiares asesinados merecen que se sepa la verdad. Y que se haga justicia. Es obligación del nuevo Gobierno de Damasco, de los organismos internacionales y de aquellos sistemas penales que reconocen la jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad investigar lo sucedido y perseguir a los autores de estas atrocidades. Primero para resolver el pasado de forma digna para las víctimas; después, para que quienes siguen perpetrando crímenes similares reciban el inequívoco mensaje de que no quedarán impunes.