Transparencia contra la pederastia

La investigación abierta por el Vaticano al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por una presunta agresión sexual continuada a un menor en los años noventa supone un salto cualitativo en la lucha por esclarecer los abusos sexuales ocurridos durante décadas en la Iglesia católica española porque por primera vez afecta a un miembro en activo de la jerarquía. Se rompe así el muro levantado hasta ahora en torno a la implicación en España de altos cargos eclesiásticos en estos delitos, para cuya denuncia y conocimiento público ha resultado fundamental la investigación que viene realizando desde hace años EL PAÍS y que sigue abierta.

Según la documentación y las fuentes a las que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, Zorzona, de 76 años, está siendo investigado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) a raíz de una denuncia remitida a Roma por un hombre que le acusa de haber abusado de él desde 1994, cuando el actual obispo de Cádiz y Ceuta tenía 45 años y dirigía el seminario mayor de la diócesis de Getafe. El DDF, antiguo Santo Oficio, es actualmente el organismo vaticano en el que recaen en última instancia las investigaciones de todos los casos de abusos sexuales y pederastia perpetrados en el seno de la Iglesia.

Según la denuncia, los presuntos abusos se prolongaron durante siete años: comenzaron cuando la víctima tenía apenas 14 años y terminaron cuando alcanzó los 21. La admisión de la denuncia y la existencia de una investigación por parte del DDF otorgan un alto grado de verosimilitud a los hechos, según han reconocido tanto el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, como el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Varios testimonios de otras víctimas de abusos recabados por EL PAÍS señalan al obispo Zornoza como conocedor de más casos en Getafe.

Aunque los hechos investigados sean anteriores al estallido del escándalo de los abusos en la Iglesia revelados por este periódico desde 2018, al informe del Defensor del Pueblo comisionado por el Congreso en 2023, al encargado por la propia Conferencia Episcopal el mismo año y, sobre todo, a las consiguientes promesas de resarcimiento y transparencia realizadas a bombo y platillo por los obispos españoles, hay que subrayar que el denunciante tuvo que recurrir a Roma este verano para que su testimonio fuera tenido en cuenta. A estas alturas, es un mal síntoma que una víctima española tenga que dirigirse al Vaticano para que su denuncia sea escuchada. Si lo hace por desconfianza en la Iglesia española y en los mecanismos que, en teoría, esta ha establecido para investigar los abusos, se trata de un fracaso evidente de la credibilidad de los obispos; si el demandante acude al DDF porque ha sido ignorado en España, el caso es todavía más grave.

De cualquier modo, la jerarquía católica española ha vuelto a quedar en fuera de juego. La Comisión Pontificia de Menores del Vaticano urgió en octubre pasado a destituir a los sacerdotes implicados en casos de abuso, es decir, cuando la investigación sobre el obispo de Cádiz llevaba varios meses en marcha. Y aunque es cierto que a un obispo solo lo aparta de su diócesis el Papa, no es menos verdad que puede ser relevado de sus cargos en la Conferencia Episcopal sin permiso de Roma. Y que, pese a sus reiterados propósitos de enmienda y transparencia, la opinión pública no ha escuchado a ningún prelado español decir una palabra sobre el asunto hasta que ha estallado el escándalo.