Proteger contra las manipulaciones con IA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 2.000 euros a un individuo por elaborar y distribuir imágenes de cuerpos desnudos manipulando fotografías de niñas menores de edad de la localidad de Almendralejo (Badajoz). El caso, que EL PAÍS sacó a la luz en 2023, llamó la atención de la sociedad sobre el problema de los deepfakes, el uso de herramientas informáticas (muchas de las cuales utilizan la inteligencia artificial generativa) para crear y difundir imágenes falsas de personas y acontecimientos.

Es la primera vez que se impone una multa en España (y en Europa) por difundir imágenes de un particular alteradas por IA, y es de esperar que haya más sanciones: el expediente de la AEPD se ha tramitado en paralelo al juicio penal sobre el caso, en el que 15 menores de edad fueron condenados a un año de libertad vigilada y a la participación en un programa de formación sobre violencia de género.

Es loable que la AEPD responda a la preocupación de la sociedad acerca de los malos usos de la tecnología de imágenes, un problema cada vez más presente y agravado por las propias empresas tecnológicas, que, en su ansiedad por aumentar su base de usuarios, han levantado las protecciones éticas y, en algunos casos, creado versiones abiertamente sexuales de sus programas de IA, como en el caso de Grok, de Elon Musk. Es esa omnipresencia la que preocupa a algunos expertos sobre la decisión de la AEPD: si hubiera de perseguir todos los casos, afirman, las autoridades no darían abasto.

Uno de los principales desafíos que trae todo nuevo invento es disuadir a la población de su uso ilícito. La velocidad con la que las empresas tecnológicas están intentando buscar implementaciones de la inteligencia artificial está haciendo especialmente difícil al legislador mantener el ritmo de la innovación y a las autoridades, implementar la ley. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial fue aprobado en diciembre de 2023, después de que saliera a la luz el caso de Almendralejo. La transposición española de ese reglamento data de marzo de 2025.

Con esas herramientas en la mano, la pregunta es si se puede hacer algo más, habida cuenta de que la regulación tiene imprecisiones y deficiencias, en especial con respecto a la vulneración de derechos de autor y a la señalización como generados por IA de los contenidos producidos por esa vía. Puede argumentarse que el problema de la inteligencia artificial no reside en la tecnología —que es, por norma general, útil— sino en su uso indebido. Lo mismo puede decirse de los pesticidas y las armas de fuego, y su uso está estrictamente regulado por la ley. Una herramienta con un potencial tan peligroso para las vidas y reputaciones de las personas y para la salud de la democracia misma no merece menos.