España como parálisis permanente

“Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas”, ha dicho el ministro de Justicia, al presentar el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. El PSOE se ha personado como acusación popular en el caso de los hidrocarburos, los papeles de Bárcenas, la Púnica, el caso Kitchen, el caso Lezo o el caso González Amador: fue hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. La acusación popular ha sido importante en casos como Nóos, el caso Pujol, la Gürtel o los GAL. La figura de la acusación popular se limitará, explicó el ministro Bolaños, a casos en los que resulte perjudicado el interés colectivo, que obviamente es lo que sucede en los procesos que afectan a la derecha. Es posible que al ministro de Justicia le llame la atención por esparcir bulos y chatarra la Comisión Interministerial de Seguimiento e Impulso del Plan de Acción por la Democracia que él mismo preside y a cuyas reuniones tanto contenido aporta: por ejemplo, tergiversando informes de la Comisión de Venecia o mintiendo a sabiendas sobre rivales políticos. El anteproyecto pretende también que, a partir de 2028, la instrucción penal quede en manos de los fiscales y que la UCO esté a sus órdenes: una vieja propuesta recalentada en un momento indudablemente pintoresco, con un fiscal general del Estado imputado que ha mostrado más lealtad al Gobierno que a su cargo, y mientras conocemos supuestos intentos de desacreditar a mandos de esa unidad por parte de una apparatchik del PSOE que descubrió tardíamente su vocación periodística. Lo más probable es que la ley no salga adelante, porque el Gobierno no tiene apoyos. “No podrán aprobar los presupuestos y no podrán gobernar”, “tendrán el poder, pero no podrán ejercerlo”, ha dicho esta semana Carles Puigdemont, al anunciar una ruptura que no lo es y un cambio que solo es la prolongación de la situación existente. Mientras, se normalizan discursos asombrosos que reniegan de la idea de alternancia democrática, como el del exministro Joan Subirats, y asistimos a un empate de impotencias camuflado por maniobras de ilusionismo cada vez más descaradas: el PSOE busca ganar tiempo esperando los errores y temblores del PP, que suelen llegar. De vez en cuando hay acuerdos, eso sí: 307 votos a favor de una proposición no de ley en el Congreso para regular el uso de la palabra cáncer. Como no se puede actuar sobre la realidad, trataremos de reglamentar las metáforas. Es otra metáfora, pero a saber de qué.