Una ley equivocada para proteger a los niños

Recordarán cuando, hace algo más de un año, el Gobierno español presentó una propuesta para introducir un sistema de verificación por edad para las páginas pornográficas. La idea fue saludada con el feliz término pajaporte, hubo el cachondeo habitual con una idea que sale a la luz en verano y el tema se fue poco a poco disipando de los titulares.

Pero, como hemos señalado en este periódico, la idea no se ha ido a ningún lado. El Gobierno ha visto en la verificación por edad una solución para las crisis de internet —mientras ignora otros problemas y sus soluciones— y la Comisión Europea ha decidido usar a España como campo de pruebas para una futura implantación de un sistema similar en toda la UE.

Ya podemos ver los problemas de esta idea en el Reino Unido, donde la Ley de Seguridad Online está en marcha desde finales de julio, “para proteger a niños y adultos”, según el razonamiento oficial. Porque las noticias que nos llegan de allí no son buenas.

Los problemas vienen por partida triple. Primero, es complicado verificar la edad de las personas, y más en el Reino Unido, donde no existe un documento nacional de identidad. Las asociaciones de ciberseguridad se echan las manos a la cabeza, porque, en un mundo en el que todas las semanas tenemos noticias de una brecha en alguna base de datos que permite a ciberdelincuentes llevarse nombres, direcciones y números de tarjetas de crédito. La nueva ley amplía el número de ocasiones en las que se exige información relevante.

Segundo, qué es un contenido para adultos. No solo son las páginas pornográficas las que han tenido que poner en marcha un sistema de reconocimiento de edad. También la plataforma musical Spotify (que ha dicho que borrará las cuentas que no verifiquen edad), la base de foros Reddit e incluso la Wikipedia (que ha llevado la ley a los tribunales) están pidiendo datos.

Y no solo para contenido erótico. Una de las definiciones de contenido dañino para los niños es, en su punto cinco, “contenido que muestra violencia grave (real o ficticia) contra una persona o animal”. Hay secciones enteras de este mismo periódico que entran directamente en esa categoría. Y, lo peor, es una categoría ampliable: ante el auge de los programas VPN, que permiten saltarse los bloqueos, el Gobierno está considerando restringir su acceso, lo que haría muy complicada la vida a las miles de empresas que los usan para asegurar la seguridad del teletrabajo.

Tercero, que los costes de implementar la regulación son tales que son inasumibles a poco que se llegue a cierto nivel de usuarios —lo que, a la larga, solo beneficia a las grandes plataformas comerciales—.

¿Cómo llamamos a un internet controlado por un puñado de empresas y cuyo contenido está absolutamente sanitizado para evitar cualquier problema con las autoridades? El internet chino viene a la cabeza. Y ese no debería ser un objetivo para nadie, especialmente cuando sabemos que en la diversidad de nuestras ideas está la fortaleza de nuestras sociedades.

Hay que recordar que el anonimato no solo sirve para el ataque sino también para la defensa. No todo el mundo tiene la suerte de poder hablar sin miedo con su nombre. Empleados de empresas cometiendo irregularidades o personas que no quieren ser reconocidas por sus vecinos o familia por su orientación sexual, todos tienen derecho a hacerse oír y se les priva de una herramienta que les facilita hacerlo.

Los defensores de esta clase de leyes nos incitan a pensar en los niños y suelen repetir la frase recurrente de “los inocentes no tienen nada que temer”. Y aquí habría que quedarse con lo que pensaba el capitán Vimes, de los libros del Mundodisco de Terry Pratchett, que creía que los inocentes sí tenían mucho que temer, “sobre todo de los culpables, pero también y especialmente de aquellos que dicen cosas como que los inocentes no tienen nada que temer”.