Trabajos penosos, jubilación anticipada

El Consejo de Ministros ha aprobado por fin el procedimiento para anticipar la jubilación a partir de los 52 años en las profesiones más penosas que aún estaban pendientes de regulación. Algunas, como los mineros, las policías autonómicas o los trabajadores del mar, ya disfrutaban de un retiro temprano; pero la ampliación de este beneficio a otras especialmente duras era una reivindicación histórica que, a la luz de los últimos datos, se había convertido ya en una necesidad acuciante, con graves repercusiones económicas y sociales: el gasto por bajas laborales se ha disparado un 78,5% desde 2019, según el Banco de España. Además, 796 trabajadores fallecieron en sus puestos en 2024, un 10% más que el año anterior. La nueva regulación supone un avance para profesiones como las de las camareras de piso o los albañiles, especialmente afectadas por el envejecimiento de la generación del baby boom. Y es el resultado del gran pacto para las pensiones alcanzado el pasado verano entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.

Como siempre que se regula un beneficio, son esenciales los mecanismos de garantía y control. El decreto aprobado acota el tipo de actividades que podrán acogerse a esta medida y define bien los requisitos de penosidad, toxicidad, peligro e insalubridad que convierten en especialmente duros los últimos años de vida laboral. A estos puestos de trabajo se le aplicarán unos coeficientes reductores por los cuales cada año cotizado cuenta como un periodo mayor, lo que permite anticipar la fecha de jubilación. Cada sector tendrá que solicitar estos coeficientes, que tendrán que ser aprobados por una comisión ministerial atendiendo a criterios objetivos como la siniestralidad, el número de bajas y la duración de estas.

Pero el meollo de la medida es amortiguar su impacto en el sistema de pensiones. Todo lo que pueda alterar el equilibrio que lo mantiene en pie debe contar con mecanismos de compensación. Para preservar la sostenibilidad del sistema —y para respetar el principio de equidad contributiva— los puestos que pueden beneficiarse de este adelanto tendrán un sobrecoste en las cotizaciones soportado por la empresa y, en menor medida, por el trabajador. Esto explica que, a pesar de que la reforma cuenta con el respaldo de CEOE y Cepyme, la única patronal sectorial que ha aplaudido de manera explícita la medida haya sido la del transporte, el ámbito con mayor siniestralidad en España. Cabe esperar que el resto entienda también el beneficio que les supone rejuvenecer sus plantillas y dotarlas de mayor bienestar. En cualquier caso, siempre hay que celebrar que mejore la protección de los trabajadores más castigados. Y más si esa mejora es fruto del diálogo social.