Por una Fiscalía noble

Nueve de cada diez psicólogos recomiendan no intentar mediar entre las dos Españas en asuntos judiciales como el del fiscal general del Estado. Es inútil, dicen los que saben. No vas a conseguir cambiar de parecer a una sola persona. Tienen razón. Pero obviamente no les voy a hacer caso.

Las opiniones publicadas no suelen basarse en un juicio moral de los hechos, en si priorizamos la Verdad (y, por tanto, vemos bien que la Fiscalía desmienta un bulo) o la literalidad del Código Penal (cuyo artículo 417 prohíbe revelar información reservada); sino en un juicio moral de los protagonistas: ¿son de nuestra orilla del río o de la contraria?

Pero, amén de intereses, también hay razones sensatas en los dos lados. La izquierda se queja con cordura de un celo instructor (con García Ortiz o los casos del entorno del presidente), que se traduce en registros sin precedentes y en alargar las causas, no más allá de lo razonable (punto que no me atrevo a asegurar), pero sí de lo comparable: ¿Cuántas filtraciones hay en España? ¿Cuántos contratos se conceden a empresas cuyo dueño es conocido de la familia de un político? ¿Cuántas plazas discrecionales como las de coordinador de conservatorios de Badajoz? Miles y miles. Pero solo unas se judicializan. Por cierto, judicializar, deporte nacional en un país de abogados, es una forma nefasta de auditar la acción pública.

Y la derecha tiene razón en pedir la dimisión del fiscal. En el ministerio público han pasado cosas feas, independientemente de si son delito o no. Y sé que esa valoración ético-estética es difícil en una España donde todo se examina en función del baremo legal: ¿No es ilegal? ¡Pues p’alante! Pero, en las altas instancias del Estado, el juicio sobre si las acciones son apropiadas es imprescindible para la legitimidad de todo el sistema democrático.

Los funcionarios de la Fiscalía están para promover la acción de la justicia (art. 124 de la CE), no para pasarse por email (incluyendo un correo privado de Gmail) el expediente de un contribuyente fuera del procedimiento ordinario. Y su jefe, nombrado políticamente, no puede, por decoro, ni meter la mano ni la nariz en información confidencial susceptible de dañar a un rival político. Si acaso, el fiscal debería haberse movilizado para investigar quién filtró, en un primer momento, el expediente de González Amador. Pero, en lugar de proteger a capa y espada un material lesivo para una adversaria política, el fiscal supuestamente permitió su exposición. Quizás no es ilícito. Quizás es útil para unos. Pero es poco noble.