Tres malentendidos sobre Telegram

1. Pável Dúrov no protege la privacidad de sus usuarios. De hecho, tiene y puede dar acceso directo a todas las conversaciones, grupos y publicaciones que han tenido lugar en Telegram, con todos los valiosos metadatos como la hora, localización y dispositivo que manda el mensaje. El sueño húmedo de un fiscal. Cualquier conversación es susceptible de ser leída por Dúrov y sus amigos, novias, clientes y socios, con la excepción del “chat secreto”, que está cifrado de extremo a extremo y no se almacena en la nube. Esa es una jaula de Faraday virtual donde se meten dos usuarios cuando no quieren que nadie sepa de qué hablan. Pero tiene un defecto: sólo caben dos.

La decisión no es política sino técnica. Es muy caro implementar un cifrado de extremo a extremo en una conversación con más de dos. Los grupos de WhatsApp, Signal e iMessage están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que Mark Zuckerberg, Meredith Whittaker y Tim Cook no pueden leer las comunicaciones de sus propios usuarios y, por lo tanto, tampoco puede un juez. Pero tienen un límite de 1.024, 1.000 y 33 personas, respectivamente. Eso es porque, con cada nuevo usuario, el coste de verificar sus identidades y sincronizar las claves para cifrar/descifrar sus mensajes con cada interacción crece de forma exponencial. La magia de Telegram es que ofrece canales de hasta 200.000 personas. Dúrov ha sacrificado la privacidad para poder crecer.

Gracias a su estructura de grupos y canales, se ha convertido en la plataforma estrella de las campañas políticas, las redes de influencia, los ejércitos en activo y los medios de comunicación. También de las organizaciones terroristas, las campañas de desinformación y los traficantes de mujeres, drogas y niños. Es un medio de comunicación de masas clandestino con su propio sistema de pagos capaz de llegar a millones y distribuir o vender cualquier contenido, producto o servicio sin que nadie se entere. Salvo Pável Dúrov.

2. Esto no es un caso de libertad de expresión. Su abogado, David-Olivier Kaminski, ha dicho que “es totalmente absurdo pensar que la persona a cargo de una red social podría estar implicada en actos criminales que no le conciernen, directa o indirectamente”. Pero esos no son los cargos a los que se enfrenta. La justicia francesa le ha solicitado repetidas veces acceso a mensajes vinculados al crimen organizado, como la difusión de pornografía infantil, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero porque han seguido su rastro hasta Telegram. No es difícil: hace años que los criminales publicitan sus “productos” en los grandes canales. La mayor parte de los crímenes suceden a plena luz. Pável tiene las llaves, pero se ha negado a impedir esas actividades y a facilitar la investigación.

La ley protege a las plataformas digitales de ser responsables de los contenidos que circulan por sus servidores, pero ninguna ley exime a ninguna plataforma de bloquear la actividad criminal cuando es notificada adecuadamente o de colaborar con la justicia en la investigación. Ni el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, en sus siglas en inglés), ni la Ley de Servicios Digitales (DSA). Ni siquiera la famosa Sección 230. Tampoco la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique que le ha aplicado la justicia francesa, a la que está sujeto como ciudadano francés.

3. No parece una maniobra política. Mi principal preocupación es que se convierta en un instrumento perfecto para criminalizar la criptografía en la UE.