Llegar a fin de mes

Cuando una familia tiene que elegir entre calentarse o comer, entre pagar el recibo del agua o el alquiler, significa que ha bajado un peldaño en la escalera de la exclusión social. En 15 años se han sucedido en España tres crisis y en cada una de ellas ha aumentado el número de hogares en extrema vulnerabilidad social. En cada una de ellas, los pobres han salido de las crisis más pobres de lo que entraron. Eso es lo que ahora constata también el último informe del Banco de España sobre la situación financiera de las familias y las empresas. Alrededor de 1,6 millones de familias españolas no puede pagar las facturas de los servicios básicos con los ingresos de que disponen, unas 370.000 más que antes de que la guerra en Ucrania provocara una escalada de la inflación que ha disparado los precios de la alimentación y los servicios esenciales del hogar como la luz, el agua o la calefacción.

Pese a la recuperación del empleo y a que la renta media de los hogares está volviendo a los niveles previos a la pandemia, la bolsa de pobreza ha seguido creciendo. Eso es así porque, aunque la inflación afecta a todos, su impacto es proporcionalmente mucho mayor en las rentas bajas que en las altas. El supervisor estima que desde el inicio de la guerra en Ucrania, el porcentaje de hogares en los que los ingresos no son suficientes para pagar los servicios y necesidades básicas ha pasado del 7% al 9%. Tras el alza de la inflación y los tipos de interés, en el 20% de los hogares con menores ingresos los gastos esenciales han pasado de representar el 79% de la renta bruta total al 87%, mientras que en las rentas medias ha pasado del 44% al 49%.

Eso significa que en aquellos hogares con bajos ingresos, un incremento como el que se ha producido en el alquiler o en los servicios esenciales obliga a las familias a privarse de otros bienes básicos como la alimentación y les deja sin margen de maniobra para poder afrontar cualquier situación imprevista. Si además, como está ocurriendo, la lucha contra la inflación comporta una fuerte subida de los tipos de interés, las familias endeudadas se enfrentan a un mayor coste por los préstamos, especialmente en el caso del 29% de los hogares con hipotecas de tipo variable.

El aumento de precios está teniendo ya marcado impacto en el consumo, pero lo más grave es el efecto a largo plazo sobre la salud de las personas afectadas. Según un informe de Cáritas, el 80% de les familias atendidas en 2022 habían dejado de comprar productos frescos y más de la mitad soportaban carencias alimentarias. Una peor alimentación implica mayor tasa de obesidad y mayor riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, además del impacto que la precariedad crónica tiene sobre el estado emocional y la salud mental. El informe del Banco de España no evalúa el impacto positivo de las ayudas decretadas por el Gobierno para paliar los efectos de la inflación, pero está claro que la situación exige persistir en políticas sociales de ayuda a los grupos más vulnerables para que puedan cubrir las necesidades básicas y esto es especialmente urgente en el caso del 4,1% de los hogares que no tienen ni ingresos ni ahorros suficientes para poder pagar todas las facturas del mes.