Petro y la reforma sanitaria

El Gobierno de Gustavo Petro ha afrontado con la destitución de tres ministros su primera importante crisis política. El detonante de fondo ha sido un asunto que amenaza con convertirse en la gran batalla del primer Ejecutivo de izquierdas en la historia reciente colombiana: su reforma sanitaria. El proyecto de ley, presentado hace dos semanas al Congreso, ha tensado las cuerdas políticas del país sudamericano tanto por la estrategia de defensa enarbolada por el propio Petro, quien convocó marchas de apoyo a la reforma y se erigió en centro absoluto de la plaza pública, como por las contramanifestaciones de una oposición sin liderazgo visible —el expresidente Álvaro Uribe Vélez incluso ha pedido a sus seguidores no insultar a quien fuera uno de sus más feroces críticos—, pero que, después de meses sin una ocasión clara para atacar a Petro, ha fomentado el temor a que la reforma suponga un retroceso en la salud de los colombianos.

En el sistema actual los ciudadanos se afilian a alguna Entidad Promotora de Salud (EPS), que puede ser pública o privada. Los ciudadanos contribuyen según sus ingresos al sistema de salud y el Estado gira recursos a las EPS en función de su número de afiliados, para que estas sirvan de aseguradoras. La reforma propone eliminar las EPS y que el Estado pague directamente a las clínicas las prestaciones de servicios. Esa propuesta acabaría con la intermediación de las EPS y el margen que ellas cobran, liberando recursos para la salud, pero corre el riesgo de crear una burocracia estatal que naufrague en la corrupción y los malos manejos, como ocurrió con el extinto Instituto de Seguro Social antes del surgimiento del sistema actual.

El problema para Petro es que la salud no figura entre las principales preocupaciones ciudadanas, y sí están entre ellas la permanente inseguridad, una inflación que no cede o el desempleo que ronda el 12%. Además, algunos temen volver a la situación previa al sistema de salud actual, que logró aumentar la cobertura del 24% de los colombianos protegidos en 1993 al 99,6% en 2022.

La propuesta de Petro está basada en programas bien conocidos de la izquierda colombiana, pero no ha logrado, según las encuestas, arraigar con fuerza en la opinión pública, donde entre el 50% y el 65% de los ciudadanos muestran su desapego. Incluso dentro del Gobierno ha tenido fuertes detractores, como el relevado ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien manejó la cartera de Salud entre 2012 y 2018. Gaviria criticó el proyecto en varias reuniones internas con la consecuencia de un cese que busca disciplinar al Gabinete alrededor de su presidente.

Una reforma de este calado, que trata sobre la salud de los más de 50 millones de habitantes de Colombia, requiere del mayor consenso posible. Del Gobierno como de sus adversarios cabe esperar menos crispación y más soluciones prácticas. Todo proyecto de ley puede ser mejorado, y este sin duda también, pero solo la negociación entre los distintos sectores podrá sacar adelante un proyecto mayoritariamente aceptado.