Dinero autonómico

El Estado repartirá algo más de 134.000 millones a las comunidades autónomas el año próximo, según prevé el proyecto de Presupuestos. Es el récord histórico, un 26% más alto que el flujo transferido este año. Algunos se precipitarán a tildar este desembolso de electoralista, por su proximidad a los comicios locales y regionales de la próxima primavera; tampoco ahorrarían críticas si las transferencias fuesen escuálidas. Lo que conviene valorar con detalle es si se trata de una cantidad objetivamente correcta que, en todo caso, dependerá para su concreción del debate parlamentario y su capacidad para iluminar u oscurecer el tema. De entrada, existe coherencia entre el sesgo social del borrador presupuestario y el destino territorial de sus fondos. Si el grueso del gasto disponible se orienta hacia el refuerzo del Estado de bienestar —para proteger a los más frágiles ante la crítica situación económica—, parece ineludible que su aumento se canalice hacia las administraciones que tienen las principales competencias al respecto: educación, sanidad, dependencia.

También resulta obvio que las comunidades más financiadas sean las que registran mayor población. Son ellas las que encabezan la lista —Cataluña, Andalucía y Madrid—, y ninguna figura en la órbita ideológica del Gobierno de la nación. Las protestas improvisadas de algunas autonomías, en manos de la oposición, exhiben un inconfundible aroma partidista y electoralista. Sobre todo cuando esos mismos gobiernos no han tenido reparo en disminuir su autofinanciación al reducir o anular los impuestos que gestionan. La caja común no puede acabar siendo quien pague aquello que las comunidades más insolidarias dejan de recaudar por cuenta propia.

El proyecto presupuestario viene a suponer un remiendo destinado a compensar en parte la postergación de la reforma del sistema de financiación autonómica, algo que el Gobierno debería reconsiderar. Pero ese aplazamiento no es exclusivo de hoy, sino que pende desde 2014, en pleno mandato de Mariano Rajoy. En la atribución de responsabilidades por la falta de consenso que lo posibilite, cabrá atribuir buena parte a quienes siguen una temeraria carrera impositiva a la baja, cercana a la imprudente línea del Gobierno conservador británico de Liz Truss y sus rectificaciones forzadas para mitigar daños.

Sentados esos principios, convendría aclarar si el nivel de transferencias a unas administraciones ya sobrefinanciadas en los últimos años no resulta desbordante. Las comunidades tuvieron que devolver al Tesoro, por falta de ejecución, más de 1.700 millones para el apoyo a sus empresas, la cuarta parte del total de los 7.000 millones recibidos. Tampoco cabe olvidar la muy mejorable transparencia sobre sus contratos con las proveedoras de material sanitario durante la pandemia. El principio de rendición de cuentas no contempla excepciones, al menos a posteriori.