Los apuros del Gobierno de mayoría relativa en Francia
La cuestión es saber si un sistema presidencialista puede sobrevivir practicando una política asamblearia antipresidencialista y pendular


Nunca, desde la creación de la V República, se había experimentado una situación tan paradójica e imprevisible en la Asamblea nacional francesa. Charles de Gaulle, el padre de la Constitución de 1958, precisamente para disuadir todo sistema de coaliciones oportunistas, había asentado las nuevas instituciones sobre la máxima “el presidente preside y el Gobierno ejecuta”. Pero ello necesitaría una mayoría absoluta obediente en el Parlamento. Tras el escenario resultante de las elecciones de junio, el presidente no detenta esa mayoría y el Gobierno, aunque dócil, solo ejecuta relativamente porque se encuentra sometido tanto al devenir de las coaliciones como a los giros internos en su propio seno de unos aliados que quieren marcar sus diferencias pensando ya en los próximos períodos electorales. Hoy se traduce en una batalla permanente del Gobierno, que solo puede sobrevivir con el apoyo circunstancial de los republicanos, representantes de la vieja derecha conservadora. El último debate sobre la legislación dedicada al poder adquisitivo (“ley contra la vida cara”) demuestra que la jefa del Gobierno, Elisabeth Borne, camina peligrosamente al borde del precipicio, comprando apoyos en todos los bandos para seguir adelante. Es el Gobierno del regateo. En los próximos asuntos dedicados a la inmigración y a la seguridad, se practicará otra modalidad de coalición entre la derecha, el macronismo y la extrema derecha.
La cuestión, debatida desde la teoría constitucional, es saber si un sistema presidencialista puede sobrevivir practicando una política asamblearia antipresidencialista y pendular. En realidad, a los ojos de la opinión pública, se impone el lema de una Francia ingobernable, por falta de una legitimidad mayoritaria, que requerirá nuevas elecciones para salir de una crisis que no es distinta, sin embargo, a la situación en Italia, bajo un sistema parlamentario radicalmente opuesto al de Francia. El país galo nunca vivió una dinámica abocada a la inestabilidad, la parálisis gubernamental y al descontento entre todos.
Las alternativas de solución se encuentran sobre la mesa del presidente Emmanuel Macron. Pero no sabemos quién, en definitiva, asumirá el riesgo de una disolución de la Asamblea nacional, porque la experiencia ha demostrado que el coste es muy alto. Sería dramática para el presidente, si recurre, utilizando la juiciosa fórmula del ex primer ministro socialista Lionel Jospin, a esa “experimentación peligrosa” y pierde la actual mayoría relativa. No obstante, hay una cuestión de fondo que trasciende el caso francés o italiano: tras la pandemia y la insuficiencia drástica de los recursos económicos y energéticos derivada de conflictos geopolíticos violentos (invasión rusa de Ucrania), las democracias europeas han entrado de lleno en un periodo de profundas desestabilizaciones. Está claro que, para la Unión Europea —la Comisión europea y el banco central—, los sufrimientos del Gobierno francés y del italiano encarnan malos augurios. El cielo de ambos países está cargado de ruidosas tempestades.
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