La indignidad de vacunar a quienes no tienen derecho

Las vacunas contra el coronavirus constituyen un trascendental avance científico que ha devuelto la esperanza a un mundo golpeado por la pandemia. La administración de las dosis que inmunizarán a la humanidad de la enfermedad que provoca el mayor trastorno desde la II Guerra Mundial supone un desafío de importancia insuperable. Las autoridades han diseñado políticas de inmunización que priorizan de forma estratégica a los grupos más vulnerables, al personal sanitario, otros funcionarios esenciales, etcétera. En un contexto de tanta importancia, tanto sufrimiento y tanto estrés colectivo, resulta inaceptable cualquier subterfugio que altere el orden establecido. La noticia —difundida por elDiario.es— de que un grupo que gestiona residencias situadas en la Comunidad de Madrid se ha saltado los protocolos y ha suministrado dosis a familiares del personal y a sacerdotes que no tenían derecho a ello provoca inquietud e indignación. El episodio, aunque de escala reducida, es una señal de alerta y un golpe a la credibilidad de la gestión. Un golpe que los ciudadanos no merecen.

La residencia Casablanca Valdesur de Valdemoro (Madrid), concertada con el Gobierno regional y que cuenta con facultad de vacunar sin supervisión pública, ha reconocido en un comunicado haber inmunizado a familiares de los empleados. Asegura haberlo hecho con dosis sobrantes. Pero bajo ninguna razón está justificado tomar la iniciativa autónoma de desviar vacunas de los objetivos prioritarios establecidos.

El proceso de vacunación ha comenzado entre esperanzas, pero también con un sentimiento de decepción por la lentitud con la que se está aplicando en algunas comunidades. La revelación de irregularidades y privilegios erosiona la confianza en el sistema. El caso es anecdótico, pero significativo de lo que puede ocurrir en muchas circunstancias. Las autoridades deben controlar la ejecución del plan de vacunación con la mayor eficacia y rigor ético. Deben primar la transparencia y las reglas. En definitiva, el Estado de derecho. El sálvese quien pueda resulta inadmisible. Es una cuestión de vida o muerte.