El juego sucio

Es preocupante que solo seamos capaces de defender la democracia cuando sirve a nuestros intereses. Les negamos el derecho a los que piensan diferente a obtener sus triunfos electorales y, peor aún, no somos capaces de entender que las garantías que nos protegen a nosotros, también les protegen a ellos con el mismo rigor. Hace algún tiempo, el Gobierno español consiguió exhumar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos. Lo logró tras cumplir escrupulosamente todos y cada uno de los recursos que la familia presentó ante los tribunales para impedirlo. Muchos criticaron la dilatación de los tiempos, pero visto con perspectiva, aquello fue una bendición, porque resignificó que las conquistas políticas no se logran con manotazos de autoridad, sino por la lenta racionalidad del respeto a las garantías de todas las partes en litigio. Ahora puede volver a apreciarse la histeria de los intransigentes, por mucha razón que les ampare. Cuando los tribunales de Madrid anulan las restricciones dictadas por el Gobierno, razonan su argumentación y proponen otro camino legislativo para llegar al mismo lugar. No se alzan como una resistencia política infranqueable. Como demostró el Gobierno al dictar el estado de alarma, lo que los tribunales le requerían era claridad, rigor y ajustarse a las normas.

Aún peor es lo que está sucediendo con el endiablado caso de la tarjeta robada del teléfono de Dina Bousselham. En los últimos días, el entorno del vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha lanzado un ataque desmesurado contra la dignidad profesional del juez García Castellón. El juez sospecha que Iglesias y sus asesores trataron de manipular las circunstancias para presentarse a la opinión pública como víctimas. Nadie les niega que hayan sido en otras ocasiones víctimas de la trama corrupta que el Gobierno de Rajoy extendió a través de redes policiales vinculadas al ministro del Interior y una prensa de parte y entregada a lo delincuencial. Lo que juez expone es su razonada sospecha para este caso y además la remite al tribunal competente para que dicte la resolución. Promover una campaña contra el juez nos devuelve a este tenis infame en el que se ha instalado la política española, bien lejos de la exquisitez grandiosa de Rafa Nadal. Aquí todo es navajazo, intoxicación, manipulación de datos y juego sucio.

Pablo Iglesias protagonizó su última campaña electoral con la Constitución en la mano. No puede, pues, ignorar que los jueces son el pilar básico de nuestra convivencia. La arena política los ha rebajado a una contienda entre conservadores y progresistas que no es del todo cierta ni del todo automática. Mientras ejercen su labor nos representan y, por tanto, debemos respeto a su independencia, el mismo que reclamamos para nosotros. El caso que ahora afecta al vicepresidente va a resolverse con la entrada de nuevos tribunales y fiscales, por lo cual queda más que garantizado su derecho a defensa. Promover la filiación histérica, la agresividad ciega y el linchamiento personal se acerca de manera palpable al mismo impulso que mueve a la ultraderecha a sitiar su residencia familiar de manera vergonzante. Los ciudadanos honestos, que son la gran mayoría, reclaman otra forma de hacer política. Quieren que los traten como personas inteligentes y no sentirse empujados forzosamente a adscribirse a una trinchera de la que ya nunca podrán salir ni para informarse con algo de honestidad crítica.