Sin peso penal

La Fiscalía se ha pronunciado a petición del Supremo sobre si procede aceptar a trámite las querellas que han llegado al alto tribunal sobre la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria del coronavirus. El informe que analiza parte de estas iniciativas, de 310 páginas, ha sido claro y rotundo: no ha encontrado que los hechos denunciados sean constitutivos de delito y sugiere que se archiven 20 querellas en una resolución única, argumentando que atienden a hechos que son muy similares. Otro informe, que irá en la misma dirección, se pronunciará sobre otras 40 denuncias.

Las querellas apuntan a delitos como los de homicidio, imprudencia temeraria, prevaricación o atentar contra la seguridad de los trabajadores, y han sido presentadas por particulares, asociaciones y entidades de distinto tipo y algún partido, como Vox, que ya tiene una dilatada experiencia en llevar cuestiones de fuerte impronta política a los juzgados. Cualquier ciudadano u organización tiene legítimamente derecho a defender sus intereses, y la Constitución les garantiza que puedan acudir a los tribunales cuando entiendan que han sido vulnerados. La virulencia de la pandemia sorprendió hasta tal punto a las autoridades que tenían que articular una respuesta para detenerla que no siempre pudo ajustarse a protocolos existentes y tomaron iniciativas sobre la marcha en un contexto de emergencia sanitaria. Es posible que no siempre acertaran con el mejor camino para enfrentarse a un virus del que se sabían pocas cosas, pero la Fiscalía, que se detiene minuciosamente en casos muy diferentes, entiende que las acusaciones van demasiado lejos y no considera que los querellados “pudieran haber infringido deber u obligación alguna, o actuación cuya implementación hubiera evitado o disminuido de un modo relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos”.

Consideración especial merecen las querellas alentadas por una fuerza política, porque confirman la peligrosa deriva que lleva instalada desde hace años en España de trasladar al poder judicial asuntos que no se han podido o no se han sabido plantear, discutir y resolver en los ámbitos que les corresponden, el Parlamento en especial. Es ahí donde la oposición debe fiscalizar la actividad del Gobierno y, por tanto, es también ahí donde se le podrían exigir responsabilidades por la gestión realizada de una crisis tan compleja como la pandemia. Llevar a los juzgados comportamientos políticos, al margen del desarrollo jurídico que puedan tener, con el único afán de obtener réditos partidistas, no deja de ser una señal de un mal uso de las instituciones y del fracaso de una cierta manera de entender el ejercicio de la actividad pública.

El Partido Popular ha cargado contra la Fiscalía, acusándola de estar en manos del Gobierno, sin entrar en el contenido detallado del informe y en la argumentación desplegada para justificar que las querellas no tienen desarrollo penal. De nuevo, y en un episodio que vuelve a enfrentar al sistema constitucional con la costumbre de llevar los platos rotos de la política a los juzgados, la respuesta se queda en el trazo grueso.

El informe de la Fiscalía está ahora en manos del Tribunal Supremo, que, con la posición que adopte, contribuirá a definir con claridad si alguna de estas decisiones políticas puede ser tratada como delito. Se trata de una decisión de hondo calado institucional.