Empleo activo

El informe sobre Perspectiva del empleo elaborado por la OCDE transmite una preocupación sobre un problema real. La idea principal es que las ayudas públicas aprobadas en muchos países para contener la destrucción de empleo (como, por ejemplo, los ERTE) deben mantenerse por ahora, pero en el futuro inmediato deberían afinarse, corregirse o modificarse para evitar que se constituyan en un obstáculo para la normalización del mercado laboral después de que hayan pasado los efectos de la pandemia. La inquietud de la OCDE puede ser correcta, aunque quizá se proclama con demasiada anticipación. Cualquier proyección razonable de los efectos de la pandemia reconoce hoy que los daños se mantendrán en una fase destructiva al menos durante lo que queda de año; por lo tanto, durante los próximos seis meses es necesario mantener las ayudas de emergencia, con la finalidad de sostener en lo posible la supervivencia de las empresas viables y el empleo.

El mercado laboral español tiene ciertas peculiaridades que hay que tener en cuenta para enfocar bien las conclusiones del informe de la OCDE. Las ayudas públicas pueden distorsionar el mercado, pero la vía correcta para estimular el empleo en una fase de recuperación no es preocuparse por las contraindicaciones de medidas, sino poner en marcha políticas económicas activas para favorecer la reactivación económica. Cada Estado vigilará sin duda la duración y la intensidad de los gastos de protección social, tendrá en cuenta las ventajas de reducir paulatinamente la rigidez de las normas excepcionales y, probablemente, actuará en función de los mercados y sectores que desea apoyar. En el caso de España, el turismo es el primer candidato para prorrogar las medidas de contención.

Pero la recuperación del empleo exige políticas directas, más intensas y efectivas que la corrección o superación de las medidas excepcionales. Las políticas de contención aplicadas hasta el momento (créditos, avales, ayudas sociales, prórroga de hipotecas o moratoria de alquileres) tienen que acompañarse con políticas de inversión intensiva en tecnología y en formación. La apuesta inversora debe ser por la industria y por la mejora digital y por la concentración empresarial en hostelería y turismo. Estas son líneas estratégicas repetidas, conocidas y seguras que todos los partidos políticos conocen y casi todos los economistas aprueban. El desarrollo y canalización legal de las inversiones necesarias debería ser la preocupación prioritaria del Gobierno a partir de 2021 y, por cierto, la tarea de la comisión de reconstrucción.

Hay un problema latente en esta crisis y en la recuperación probable a partir del año próximo: los jóvenes, las mujeres y los contratados temporales pueden ser quienes paguen la factura de esta recesión relámpago, como pagaron la de la crisis de 2008. De esta recesión solo se saldrá con más inversión, mejor empleo (es decir, industrial, con alta aportación tecnológica) y con una racionalización del gasto que, en ningún caso, debe ser un sinónimo de recorte del bienestar social. De hecho, una parte de la inversión debería emplearse en el robustecimiento de la sanidad y la educación públicas. Es otra política económica, más expansiva y más consciente de los equilibrios sociales, la que hay que respetar, más que la practicada a partir de 2012.