Ambigüedades

Es urgente que la actual dirección del Partido Popular aclare si comparte que la política europea española es una política de Estado o si, por el contrario, cree que es una política susceptible de partidismo de corto aliento. El sorprendente alineamiento de sus eurodiputados con los de los cuatro Gobiernos frugales, que bajo esa denominación disfrazan su predilección por la austeridad extrema —y en algunos casos, por la simple evasión de impuestos—, es un asunto de perfiles inquietantes. Sobre todo porque el precedente aznarista acredita un patriotismo frágil ante coyunturas europeas decisivas. Cuando en 1992, el entonces presidente Felipe González negociaba en Edimburgo la dotación del fondo de cohesión, su rival voceaba simultáneamente que era la posición de un “pedigüeño”.

Conviene que los conservadores españoles se aclaren pues, en el peor de los casos, su complicidad con aquellos que denigran el plan de recuperación lanzado por la Comisión; su tamaño (750.000 millones); su arquitectura (dos tercios en subsidios, un tercio en créditos); o sus requerimientos (incentivos a adecuar las inversiones a las políticas comunes, pero ninguna condicionalidad estricta sobre la deuda y el déficit), constituiría un mayúsculo desdén a los intereses de los ciudadanos españoles.

Aunque existe una hipótesis mejor para todos: que la insistencia de los eurodiputados del PP, junto al duro socialcristiano bávaro Manfred Weber y los cuatro Gobiernos halcones, simplemente enfatice algo que la Comisión Europea ya ha señalado desde el principio, y es que el paquete de la recuperación que propone no está sujeto a otros requisitos que los de garantizar el buen fin de las inversiones subsidiadas en el seno de los programas comunes, sean los del horizonte digital, de la transformación industrial verde o de la nueva cohesión. En este caso, no estaríamos hablando de condiciones a la vieja usanza austeritaria de la Gran Recesión (resultados en déficit y deuda) sino de requerimientos a las propuestas de subsidios, de modo similar a lo que ocurre desde hace décadas con los fondos estructurales; de adecuación de las peticiones a los fines del paquete de recuperación; de incentivos a actuaciones en las que España viene demostrando, bajo distintos Gobiernos, alta cualificación tanto en los programas de la política de cohesión como en su impecable ejecución de los recursos proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones, que no registran impagos desde nuestro país, sino respuestas viables y solventes.

Si el propósito es de énfasis, y ojalá lo sea, es imprescindible que el partido conservador así lo aclare, porque las ambigüedades, argumentos de doble uso y coartadas abstractas perjudican el interés de los más débiles cuando se dirime un pulso financiero. Y los más débiles en este caso son los más afectados por la crisis de la pandemia, los países en que el turismo y la automoción ostentan mayor peso, los que exhiben mayores desigualdades desde la Gran Recesión. Entre otros, España, sin ir más lejos.

Existe el enorme riesgo, en la gran batalla diplomática que ahora empieza por el fondo de recuperación, de que pescadores en el río revuelto de los disensos partidistas domésticos acaben perjudicando a nuestros trabajadores, profesionales y empresarios. Seguro que Pablo Casado, si lo piensa dos veces, lo evitará. ¿Alguien puede pensar que preferiría repetir el tacticismo partidista aznarista, tan perjudicial para sus compatriotas?