La Coalición por el Tribunal Penal Internacional insta a la Unión Europea a protegerlo de las sanciones de Trump
La organización publica un informe en el que lamenta la falta de voluntad política de los Estados para impedir que las decisiones del presidente de Estados Unidos “socaven la justicia internacional”
“La Unión Europea debe activar la cláusula de bloqueo para proteger al Tribunal Penal Internacional (TPI) de las sanciones de Estados Unidos”, ha publicado la Coalición por el TPI (CICC, por sus siglas en inglés) en un informe este jueves. Se trata de un mecanismo legal destinado a resguardar a empresas y ciudadanos de la UE de penalizaciones extraterritoriales impuestas por terceros países, y la CICC propone aplicarla para evitar los efectos del castigo impuesto por la Casa Blanca a ocho magistrados y tres fiscales del TPI.
El presidente Donald Trump considera una injerencia las investigaciones que estos llevan a cabo sobre posibles crímenes de Israel en Palestina y de las tropas estadounidenses en Afganistán. La CICC —una red integrada por 2.500 organizaciones de la sociedad civil de más de 150 países— califica la postura de Washington de “un ataque a todo el sistema de la justicia internacional”, y pide “una respuesta unida”.
Zoé Paris, autora del informe y coordinadora de incidencia política de la CICC, indica que las sanciones de Estados Unidos son un intento de socavar a la justicia internacional. Tienen, además, “un efecto disuasorio” y “faltan al respeto al derecho internacional”. En conversación telefónica, dice que “Estados Unidos ha optado por criminalizar a los juristas y organizaciones civiles que trabajan para hacer frente a la impunidad de los delitos más graves”. No se trata solo, asegura, “de un ataque contra una persona u organismo”. En el informe, se hace hincapié en la búsqueda de una respuesta estructural de los Estados “al sistema legal representado por el TPI y que ellos mismos establecieron”. De ahí que Paris señale que, como el TPI está en Europa con su sede en Países Bajos, “la UE debe tomar la iniciativa para encontrar soluciones que protejan a esta corte de los efectos extraterritoriales de las sanciones”.
Debido a la dependencia global de la tecnología de la información y los sectores bancarios estadounidenses, los juristas del TPI, instituciones y miembros de organizaciones civiles que trabajan con el tribunal —y quienes les ayuden— ven entorpecido su acceso a servicios esenciales. Desde su cuenta en un banco y la posibilidad de reservar un hotel o un avión, a pagar con tarjeta de crédito.
En una entrevista con este periódico, en diciembre de 2025, el juez francés Nicolás Guillou, uno de los penalizados por Estados Unidos, explicaba que ya no podía usar los servicios de Amazon, PayPal o Airbnb, y tampoco sus tarjetas bancarias. “En Europa, la mayoría de los bancos solo comercializan Visa o Mastercard”, decía, y abogaba por “una soberanía europea en cuestiones bancarias y el euro digital”. Guillou presidía la sala que dictó un año antes las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su responsabilidad en la guerra en Gaza.
El TPI no solo juzga a los mayores responsables mundiales de los crímenes más graves: genocidio, crimen de guerra y contra la humanidad, y agresión. En el caso de Israel, se trata de un aliado histórico de Washington. En Afganistán, las indagaciones se centran en presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses, así como por otras partes implicadas en el conflicto. En ambos, Estados Unidos rechaza la labor del TPI. Israel y Estados Unidos no son miembros del tribunal y refutan cualquier movimiento que pueda afectarles.
Paris advierte de que Washington “ha criminalizado a los juristas y las organizaciones civiles que trabajan para hacer frente a la impunidad de los grandes delitos”, y reconoce que hay países que han ayudado al TPI o han protegido a sus jueces. “Varios europeos, incluidos Eslovenia y Bélgica, han pedido a la UE que active la cláusula de bloqueo, y Francia ha apoyado mucho a su juez. Pero no hay una respuesta sistémica a este ataque sistémico”, afirma. “Con el informe, llamamos a los Estados a que se impliquen con sus proveedores de servicios para que los sigan garantizando a los que trabajan o colaboran con el TPI”.
La rendición de cuentas representada por la justicia internacional se dirige a las víctimas de atrocidades masivas, y Paris ve “inaceptable que Estados Unidos utilice acciones coercitivas con este impacto, y les prive de la justicia que les corresponde”. Para la CICC, los países de la UE “están dando prioridad a los canales diplomáticos para ver si Estados Unidos cambia de opinión”. Sin embargo, “no es una cuestión de tiempo, sino de voluntad política”, concluye.
