Dos décadas sin libertad de prensa en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega y Murillo

Las protestas sociales de 2018 marcaron un punto y aparte para Nicaragua. La dictadura de la pareja presidencial de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ya se había consolidado en el poder durante casi una década, y con ello, puesto las bases para sofocar la libertad de prensa, expresión e información: control del discurso, estigmatización de los medios, apropiación del sistema político y mediático. Pero el grado de represión que se empleó durante esas mismas manifestaciones, en las que murieron más de 300 personas, entre ellas menores de edad, abrió un nuevo capítulo para la prensa en el país. Desde entonces, se ha registrado el cierre o la confiscación de 61 medios de comunicación y el exilio forzado de 309 periodistas y trabajadores del sector, según datos recogidos por la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED).

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció en su informe anual World Report 2026 el desmantelamiento de la sociedad civil nicaragüense, con el cierre de más de 5.500 organizaciones, entre ellas grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias y benéficas, y universidades. En el momento de la publicación de su informe, en febrero de este año, HRW cifró en 293 los periodistas que habían huido de Nicaragua, la segunda cifra más alta de la región.

Con aproximadamente el 65% del país sumergido en lo que expertos califican de “desierto informativo”, es decir, zonas en las que no existe periodismo independiente, la principal esperanza para que sobreviva ese oficio reside en el extranjero. El informe 20 años del desmantelamiento de la libertad de prensa en Nicaragua 2006-2026 destaca que se ha logrado sostener al menos 26 medios independientes que operan principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España. Los comunicadores nicaragüenses que hayan podido continuar informando desde fuera de su país lo hacen, sin embargo, en condiciones de extrema precariedad y peligro, bajo la constante amenaza del régimen de Ortega y Murillo.

En su informe, el colectivo Las Exiliadas Nicas, junto con RSF España, detallan más precisamente la existencia de una llamada “tríada represiva”, una estrategia que incluye el uso de ciberdelitos, agentes extranjeros y la ley de soberanía (que acusa de “traición a la patria”) para la persecución sistemática de los periodistas nicaragüenses que se encuentran tanto dentro como fuera del país.

Carlos Fernando Chamorro, emblemático periodista de Nicaragua y director de Confidencial, subraya que “la persistencia del periodismo en el exilio mantiene viva la memoria histórica y la defensa de la libertad de expresión, incluso en contextos de represión extrema”, como la vivida en su país. En conversación telefónica con EL PAÍS, Chamorro subraya tres elementos claves de la situación en Nicaragua: la “criminalización” de las libertades de prensa y expresión, la perpetuidad del exilio de los comunicadores nicaragüenses y el impacto de la represión y del exilio sobre las mujeres periodistas en especial.

El informe resalta que estas últimas se enfrentan a formas “específicas” de violencia, incluidos ataques “sexualizados”, campañas de difamación y el uso de la maternidad como “mecanismo de tortura psicológica”. Desde las protestas de 2018 y hasta 2025, se han documentado 730 violaciones a los derechos de las mujeres periodistas, con un 80% de las víctimas denunciando violencia de connotación sexual.

Maryorit Guevara, periodista nicaragüense exiliada en España y coautora del informe, aporta su testimonio al respecto. “Tuve varias amenazas de muerte y de que se había publicado en redes sociales mi nombre, con la dirección de mi casa, que se había llamado a las turbas de la dictadura para llegar a violarme y a quemar mi casa y matarnos a mi hijo de cinco años y a mí”, relata en una llamada con este diario, el pasado sábado. Previo a las manifestaciones de 2018, Guevara y algunas compañeras prepararon un vídeo en el que se hace un recuento de cómo se llegó a la quiebra de la seguridad social en el país, cuya reforma era uno de los asuntos que llevó a los ciudadanos a salir a la calle en aquella fecha. Tras sumarse otros trabajos de este tipo, la periodista empezó a recibir amenazas de seguidores del régimen. “Fuimos tachados de enemigos de la dictadura”, recuerda.

Ahora, 20 años después de que Ortega volviera al poder, Chamorro y Guevara, junto a colectivos como Las Exiliadas Nicas y otros periodistas nicaragüenses en el exilio, buscan una salida definitiva y segura de la represión de la dictadura. Para ello, coinciden ambos entrevistados, hace falta no solo una movilización interna del país, sino el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional para garantizar la protección de quienes siguen informando desde las fronteras del país latinoamericano.

“Nicaragua también es un fracaso de la comunidad internacional. En Nicaragua se han producido de manera repetida fraudes electorales y un desmontaje de la democracia y del Estado de derecho”, afirma Chamorro. “En 2021, [cuando se reeligió a Daniel Ortega] hubo una elección sin competencia política y con un fraude monumental. Es un gobierno ilegítimo, y esa ilegitimidad fue condenada por la Organización de Estados Americanos [OEA], pero eso no tuvo ninguna consecuencia”, condena el periodista. “Es imprescindible un acompañamiento de los gobiernos democráticos de América Latina y de Europa para generar una presión política en Nicaragua que no dependa de esa política de fuerza del gobierno de Estados Unidos y esa política transaccional para que se restablezca la democracia”, añade.

¿Es imaginable una intervención de Estados Unidos, como la que se llevó a cabo en Venezuela, el pasado mes de enero? “La política exterior del presidente [estadounidense, Donald] Trump en relación a las dictaduras de América Latina tiene muchos elementos de imprescindibilidad. Ya vimos lo que ocurrió en Venezuela con la intervención y la captura de Nicolás Maduro, y el tutelaje de ese nuevo régimen chavista [de Delcy Rodríguez]. En el caso de Cuba hay un cerco petrolero que está incrementando la crisis económica y social”, detalla Chamorro. “Pareciera que Nicaragua esté en una especie de compás de espera. No tiene petróleo como elemento de interés, y la economía es relativamente estable. Sin embargo, es la peor dictadura de América Latina”, comenta.

A su juicio, existe en Nicaragua un sentimiento de incertidumbre en el que prevalece la preocupación de sus ciudadanos de que la solución a la crisis que atraviesa y al régimen de Ortega dependerá de los propios nicaragüenses para llegar a la salida de la dictadura y una transición democrática. En esta línea, el periodista afirma: “La dictadura de Nicaragua no es sostenible a largo plazo. Ahora, ¿cómo se va a producir este cambio? Creo que dependerá mucho de factores internos y externos".