La Fiscalía de Portugal vuelve a investigar al primer ministro por la construcción de su casa

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía por la construcción de su casa en Espinho, en el norte del país. El Departamento de Investigación y Acción Penal, que depende del Ministerio Público, está investigando si se ha cometido un fraude fiscal al observar diferencias entre las facturas emitidas y la declaración sobre el coste de la obra, según ha publicado este viernes el semanario Expresso. Este mismo departamento había archivado a finales de 2024 su primera investigación al mandatario por el proyecto después de concluir que no había recibido beneficios fiscales indebidos.

La última noticia es un jarro de agua fría para Montenegro, después de varias decisiones judiciales que le exoneraban de toda sospecha tanto en la construcción de su vivienda como en la actividad de la empresa familiar Spinumviva, origen de la crisis política que tumbó a su Gobierno y forzó la convocatoria de elecciones anticipadas en la primavera de 2025. En esa cita, Montenegro reforzó su mayoría parlamentaria, recuperó el Gobierno y dio por resuelta la crisis con el veredicto favorable de las urnas.

Spinumviva fue fundada por Montenegro en 2021, cuando estaba fuera de la política, y traspasada a su esposa, Carla Montenegro, al año siguiente, cuando asumió el liderazgo del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha). Después de ser nombrado primer ministro, la empresa mantuvo su actividad y entre sus clientes figuraban varias empresas que hacían pagos mensuales por cuestiones variadas como el asesoramiento en protección de datos o la reestructuración de negocios. El hecho de estar casado en régimen de gananciales le convertía en beneficiario directo de los ingresos de Spinumviva, lo que podría entrar en el terreno del conflicto de intereses. Tras la crisis política desatada por este escándalo, la pareja traspasó la sociedad a sus dos hijos.

Después de recibir varias denuncias anónimas, la Fiscalía abrió un proceso de “averiguación preventiva” que acabó archivando a finales de diciembre al considerar que no se habían cometido anomalías. La empresa Spinumviva tenía su domicilio social en la residencia familiar de Espinho, cuya construcción también estuvo envuelta en polémicas. El promotor de la obra emitió una factura de 215.000 euros, mientras que el primer ministro declaró que había gastado en todo el proyecto más de 637.000 euros. Esta discrepancia es la que ha dado origen a la apertura de la nueva investigación de la Fiscalía.