La falta de acuerdo en el Senado para poner límites a la policía migratoria aboca al cierre de varias agencias de Seguridad Nacional

La profunda polarización que agrieta Estados Unidos está a un paso de provocar el tercer cierre gubernamental en apenas cuatro meses. Una anomalía presupuestaria y administrativa. Es verdad que en esta ocasión es parcial y limitado, pero la incapacidad para que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo para aumentar el control sobre los agentes migratorios amenaza con cerrar temporalmente varias agencias como la Guardia Costera, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), los servicios secretos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) entre otras. Unos 260.000 empleados públicos tendrían que seguir trabajando sin cobrar sus salarios.

Ambos partidos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en las condiciones para aprobar la ley de asignación de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés). Tras la votación en el Senado de este jueves, de 52 votos a 47, por debajo de la mayoría reforzada de 60 votos necesaria para aprobar este tipo de normas, la división entre ambos partidos aboca al bloqueo presupuestario de Seguridad Nacional, del cual dependen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Policías de estas agencias migratorias asesinaron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante el pasado enero.

El embrollo político se debe a la compleja tramitación presupuestaria en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Representantes y el Senado deben aprobar 12 leyes de asignación presupuestaria que habilitan el gasto discrecional en decenas de agencias federales. Han aprobado ya 11 leyes que afectan a cerca del 90% del gasto del Gobierno federal hasta el próximo 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal. Así que solo quedaría pendiente aprobar una ley de asignación que afecta al Departamento de Seguridad Nacional.

Se da la paradoja de que aunque el departamento que dirige Kristi Noem se quede sin recursos, el ICE y la Patrulla Fronteriza podrán seguir operando porque la Ley Grande y Hermosa (sí, se llama así) que aprobó la Administración de Donald Trump el verano pasado recoge financiación extraordinaria, por 75.000 millones, para estas agencias migratorias.

La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, que protestaba pacíficamente contra los abusos de los agentes federales contra los inmigrantes, dos semanas después del asesinato de Reneé Good, una ciudadana estadounidense también de 37 años, por disparos a bocajarro de otro policía ha llevado a los demócratas a plantarse y exigir más control sobre estos cuerpos que han actuado con impunidad, según denuncia la oposición.

A finales del año pasado, la Casa Blanca ordenó con fines políticos desplegar a estas fuerzas policiales en Minneapolis (Minnesota), ciudad gobernada por los demócratas. Durante este tiempo han realizado redadas indiscriminadas y han empleado tácticas controvertidas, van vestidos como paramilitares con los rostros ocultos con pasamontañas, han abusado con frecuencia de la fuerza, han realizado detenciones ilegales e incluso arrestados a niños, según denuncian las autoridades locales, ciudadanos y organizaciones civiles.

Los demócratas reclaman que estos agentes lleven uniforme oficial, cámaras corporales, identificación visible, prohibirles que se enmascaren, y exigirles órdenes judiciales para acceder a las propiedades privadas. Pero los republicanos no están dispuestos a concederles todas esas garantías.

“Necesitamos legislación para controlar al ICE y acabar con la violencia”, dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Los republicanos esperaban que el anuncio del zar de la Frontera, Tom Homan, de retirar las fuerzas policiales desplegadas en Minnesota allanaría el camino para un acuerdo. Pero la decisión es insuficiente. “Sin legislación, lo que Tom Homan propone hoy podría revertirse mañana por un capricho de Donald Trump”, añadió durante una votación que se ha prolongado durante cuatro horas. En este tipo de plenos del Congreso las votaciones van acompañadas de debates y negociaciones para tratar de alcanzar acuerdos sobre los asuntos que se someten a votación, pero en este caso ha sido infructuoso.

Muchos de los legisladores se han marchado ya de Washington a sus respectivos distritos electorales para empezar a hacer campaña. Este año se celebran las elecciones de mitad de mandato y ambos partidos ya están calentando motores.

La Cámara tiene previsto un receso de una semana, así que el cierre, que se produciría a partir de la medianoche del sábado podría prolongarse durante una semana. No obstante, los líderes de los partidos han avisado a los congresistas que estén disponibles por si tienen que regresar a la capital para una votación de urgencia.

Durante la votación los republicanos han intentado una táctica in extremis que consistía en aprobar durante dos semanas la financiación de Seguridad Nacional para darse más tiempo para la negociación. “Los demócratas han sido muy claros: no apoyaremos una extensión del statu quo”, dijo Schumer en el Senado.

Intentaban algo parecido a lo que ocurrió hace dos semanas cuando se produjo el anterior cierre del gobierno. En este caso había pendiente seis leyes de asignación, que afectaban a numerosas agencias federales. Tras un bloqueo presupuestario que duró cuatro días acordaron aprobar cinco leyes de asignación de gasto hasta el final del año fiscal y aprobar la que afectaba a Seguridad Nacional solamente durante dos semanas, para seguir negociando. Pero las conversaciones entre ambos partidos no han llegado a buen puerto, pese a las presiones de la Casa Blanca, que ha realizado pocas concesiones en el control de los agentes migratorios.

“Quizás la Casa Blanca podría ceder un poco más en un par de aspectos”, dijo el líder de la mayoría republicana en la cámara, John Thune. “Creo que, al menos por ahora, debería haber un entendimiento de que estas conversaciones deben continuar, que al menos se vislumbra una solución y que debemos mantener el gobierno abierto”. La Casa Blanca envió una propuesta este miércoles por la noche, pero los demócratas la rechazaron por considerarla insuficiente.