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La justicia rusa declara las Pussy Riot organización extremista por ser “una amenaza a la seguridad del Estado”

La etiqueta contempla como delito incluso buscar el grupo por internet. La banda ha sido proscrita por su videoclip pacifista ‘Mamá, no mires la televisión

Pussy Riot organización extremista Rusia

La banda punk Pussy Riot tiene en Rusia a partir de ahora el mismo estatus que una organización terrorista. La justicia rusa ha designado el grupo musical como organización extremista y ha prohibido sus actividades en el país porque sus acciones “representan una amenaza a la seguridad del Estado”. Los motivos, la publicación a finales del 2022 de una canción contra la invasión de Ucrania, Mamá, no mires la televisión, y corear consignas contra la guerra en un concierto ofrecido en Múnich en el 2024 en el que una de las integrantes orinó sobre un retrato del presidente, Vladímir Putin.

El tribunal del distrito Tverskói de Moscú ha dictado sentencia tras celebrar el juicio a puerta cerrada a petición de la Fiscalía. El fallo implica penas de hasta seis años de cárcel por mantener cualquier aproximación al grupo. Incluso la mera búsqueda de las Pussy Riot en internet es un delito punible, según la nueva ley, que proscribe mirar en el navegador cualquier contenido declarado ”extremista”, desde movimientos opositores al Kremlin a publicaciones LGTB.

“Estos idiotas han trabajado en esto [prohibir la banda] durante años, al menos desde el 2012″, adelantaba el grupo punk en sus redes sociales horas antes de conocer el fallo del tribunal moscovita. Aquel año, tres activistas de la banda fueron condenadas a dos años de prisión por “vandalismo” al realizar una actuación dentro de la catedral de Cristo Salvador de Moscú.

Otra de las acciones que mencionaba la Fiscalía para prohibir la banda era su invasión del campo de la final del Mundial de Rusia de 2018. Aquello sucedió cuatro años después de que Moscú se anexionase ilegalmente Crimea y desatase la guerra en Donbás, y cuatro años antes de que Putin lanzase su ofensiva total sobre Ucrania.

Las integrantes de la banda viven en el exilio desde el inicio de la guerra en Ucrania. La líder de las Pussy Riot, Maria Aliójina, estaba a la espera de cumplir una de sus innumerables condenas cuando huyó de Moscú disfrazada de repartidora en su tercer intento de escapada en 2022. Un año antes, las activistas habían sido declaradas agentes extranjeros, una etiqueta del Kremlin que limita la vida diaria hasta casi hacerla imposible a los opositores que aún quedan dentro del país y que arrebata todo lo que tenían a los que se han marchado.

Y en septiembre de este año, otra corte, el tribunal del distrito moscovita de Basmanni, condenó en rebeldía a las cinco artistas a entre ocho y 13 años de prisión por el delito de desacreditar al ejército ruso, el temido artículo 207.3 del código penal.

El videoclip Mamá, no mires la televisión combina imágenes de desfiles de las fuerzas armadas rusas y su bendición por la Iglesia Ortodoxa Rusa con otros vídeos de los bombardeos de ciudades ucranias como Kiev, Járkov, Mariúpol y Dnipro, y de las manifestaciones contra la guerra en Rusia.

Una cofundadora de la banda, Nadezhda Tolokonnikova, declaró al diario The Insider cuando se conoció la petición de la Fiscalía que su etiquetación como extremista era un honor al equipararles con el Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, la Unión de Escritores de Ucrania, los Testigos de Jehová y la Fundación contra la corrupción del disidente Alexéi Navalni.

“Alguien tiene que ser la voz del sentido común, y tras el espejo esa voz tiene que ser la de los punks, los artistas, los embaucadores y los santos [...] Pussy Riot estuvo y estará en el mismo lado que el beato Nicolás, quien no tuvo reparos en arrojar un trozo de carne cruda a los pies del mismísimo Iván el Terrible y decirle: ‘Coméis sangre y carne humana”, declaró Tolokonnikova al medio ruso.

Aparte de este caso, la justicia rusa abrió otro juicio en primavera contra el abogado de las Pussy Riot, Dmitri Zajvatov, y la exdiputada moscovita María Solenova por la acusación de recaudar fondos para el batallón ucranio Azov. Ambos son juzgados en ausencia por “colaboración con actividades terroristas” e “incitación pública a acciones contra la seguridad del Estado”.

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