La Fiscalía francesa pide la puesta en libertad bajo control judicial de Sarkozy
La decisión del tribunal sobre la concesión de la libertad provisional al expresidente se conocerá a las 13.30


La Fiscalía General ha pedido en la mañana de este lunes la puesta en libertad bajo control judicial del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy. La decisión, después de una audiencia en la que el exmandatario ha participado por videoconferencia desde la cárcel, deberá comunicarse a las 13.30. “Es duro, muy duro. Seguramente lo es para cualquier detenido. Diría incluso que es agotador”, señaló Sarkozy durante su intervención ante el tribunal antes de agradecer “la humanidad” de los funcionarios que han tratado con él estos días y han hecho que “esta pesadilla (...) fuera soportable”.
Sarkozy podría así salir de prisión después de tres semanas de encarcelamiento. El exmandatario conservador fue condenado a cinco años de prisión el 25 de septiembre por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007 por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi. El juez deberá decidir ahora si el expresidente puede seguir cumpliendo la pena en libertad provisional hasta que se resuelva su recurso de apelación.
El expresidente se convirtió el pasado 21 de octubre en el primer ex jefe de Estado de Francia en atravesar el portón de un centro penitenciario para cumplir condena entre rejas. Ingresó en la prisión de La Santé, en París, donde hay 754 detenidos. Un presidio, como tantos en Francia, que se encuentra por encima de su capacidad.
Pero Sarkozy no se cruza con los otros presos. El ex jefe del Estado ha permanecido en una zona de aislamiento para que no estuviera en contacto con los otros presos. Sarkozy, que nada más entrar recibió amenazas y gritos de otros presos, no es un detenido como los demás. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que el expresidente de la República se beneficiaba de un dispositivo de seguridad totalmente inédito en la historia penitenciaria.
Recluido en régimen de aislamiento en un sector que cuenta con una veintena de celdas, Sarkozy ha estado permanentemente acompañado por dos oficiales de seguridad armados, “en consideración a su estatus y a las amenazas que pesan sobre él”, según las palabras del ministro. Esta innovación provocó cierta incomprensión incluso dentro de la propia administración penitenciaria, así como una reacción violenta por parte del sindicato UFAP-UNSA-Justice. Esta central, uno de los dos principales sindicatos de funcionarios penitenciarios, denunció en un comunicado “un dispositivo insensato, una locura de seguridad y, sobre todo, una humillación sin precedentes para todo el cuerpo penitenciario”.
Tras ser condenado el pasado 25 de septiembre, Sarkozy denunció un golpe del Estado de derecho. El expresidente defiende que es inocente y ha recibido el apoyo de parte de la clase política.
El fin de semana antes de entrar en prisión, Sarkozy visitó en el palacio del Elíseo al presidente Emmanuel Macron. También recibió la polémica visita en la cárcel del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que justificó su acto como una medida de control de la seguridad de un expresidente. “Garantizar la seguridad de un expresidente de la República en prisión, un hecho sin precedentes, no atenta en absoluto contra la independencia de los magistrados, sino que forma parte del deber de vigilancia del jefe de la administración que soy, responsable ante el Parlamento según el artículo 20 de la Constitución”, replicó el ministro de Justicia.
El tribunal de París consideró probado que entre 2005 y 2007, cuando era ministro del Interior, Sarkozy maniobró para obtener apoyo financiero del régimen libio a través de sus colaboradores más cercanos. Se le absolvió de los delitos de corrupción pasiva y desvío de fondos porque, aunque “se ha constatado que hubo fondos libios que llegaron a Francia”, no se consiguió demostrar que fueran destinados a su campaña presidencial.
En este caso tentacular que ha llevado años de investigación había implicadas otras 11 personas, entre ellas dos de sus exministros. Este es el quinto proceso que el expresidente francés ha afrontado en el último lustro.
En diciembre pasado, Sarkozy ya fue condenado a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas. Se le acusaba de intentar comprar a un fiscal para que le informara de otra instrucción en la que estaba implicado y que estaba bajo secreto de sumario a cambio de favores. Como eran tres años, solo tenía que cumplir uno bajo arresto domiciliario, con brazalete electrónico.
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