Venezuela informa de ocho muertes por minas antipersona en la frontera con Colombia

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha informado de la muerte de al menos ocho civiles por minas antipersona en el Apure, al sur del país, en la frontera con Colombia. Hace unos días se habían reportado las explosiones, que el Gobierno no había confirmado hasta este viernes cuando hizo un balance del operativo desplegado desde enero en la zona, donde aseguran haber capturado a 56 personas y asesinado a nueve presuntos “terroristas”.

“Lamentablemente, la semana pasada recibimos la noticia de ocho fallecidos del pueblo, de la población civil, entrando a sus casas, transitando en motos, que han resultado víctimas de estos criminales actos por parte de estos terroristas”, dijo Padrino en una declaración, después de mostrar un vídeo en el que se explicaba el hallazgo de esas minas. Las minas encontradas, señaló, son “artefactos explosivos improvisados que llevan metralla, que llevan pólvora, que hacen mucho daño, que matan gente, que matan niños” y que son “de fabricación colombiana”. Según el ministro, en este nuevo operativo militar la Fuerza Armada Nacional “ha sido implacable” y no ha tenido ni una baja.

Medios locales informaron la semana pasada de la muerte de dos campesinos de la población de La Victoria, en la frontera del Alto Apure, al caer en una mina antipersonas que explotó al instante. Las víctimas, tío y sobrino, habían salido a activar una bomba de agua para darle de beber al ganado.

La tensión va en aumento desde 2021 en el corredor fronterizo del Arauca, donde el Gobierno de Nicolás Maduro está combatiendo a una de las disidencias de las FARC refugiadas en Venezuela después de romper con los acuerdos de paz en Colombia. En esa guerra han rebautizado de forma genérica a los grupos irregulares como Tancol, por las siglas de Terrorista Armado Narcotraficante Colombiano. El año pasado también murieron dos soldados por minas antipersona. Esa operación dejó 16 militares muertos y ocho fueron secuestrados por los guerrilleros para torcerle el brazo al Gobierno y obligarles a salir del terreno. Hace un año, el Gobierno venezolano informó que había desactivado 100 minas antipersona colocadas por los grupos irregulares y pidió asesoría técnica a las Naciones Unidas para el desminado.

La ONG Fundaredes ha denunciado la existencia de minas antipersonas no solo en el Estado Apure, sino también en los Estados Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas y la presencia de guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. El director de esta fundación, Javier Tarazona, junto a dos colaboradores fueron detenidos por el servicio de inteligencia venezolana por sus denuncias durante la escalada del conflicto de marzo pasado, que provocó el éxodo de más de 6.000 venezolanos a la población de Arauquita, en el lado colombiano.

Las minas han vuelto después de que en 2013 Venezuela fuera declarada libre de minas antipersonales, una obligación del Tratado de Otawa que ha suscrito el país. Entonces, el Gobierno informó de que había completado el barrido de las últimas 650 de unas 1.700 que estaban sembradas desde 1996 en 13 localidades del país.

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