La justicia peruana prohíbe salir del país al expresidente Martín Vizcarra

La juez María Alvarez aceptó este viernes un pedido de impedimento de salida del país, por año y medio, a solicitud de uno de los fiscales que investiga al expresidente de Perú Martín Vizcarra por recibir supuestamente sobornos en 2014, cuando era gobernante regional de Moquegua. Vizcarra está bajo investigación como parte de un caso llamado Club de la Construcción, un cartel de las principales empresas constructoras que operaban en Perú y se repartían las licitaciones de obras públicas entre 2011 y 2014, simulando que competían entre sí.

El fiscal provincial Germán Juárez, a cargo de la pesquisa, recibió en octubre pruebas de aspirantes a colaboradores -empresarios que cometieron delitos como parte del Club de la Construcción- de que Vizcarra habría cobrado sobornos para favorecer a ciertas compañías en las licitaciones de una obra de irrigación y la ampliación del Hospital de Moquegua. El monto de las supuestas coimas en ambos contratos, según los indicios del Ministerio Público, es de unos 634.000 dólares. Juárez, miembro del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, basó el pedido de impedimento de salida del país en varios motivos: la solvencia económica del exmandatario para viajar, su inasistencia a dos citaciones fiscales para declarar sobre el caso, y la posible sentencia de tres a 15 años de prisión por los delitos de colusión agravada, cohecho y asociación ilícita. Al sustentar el pedido de arraigo, el fiscal aseguró, además, que Vizcarra podría asilarse en Bolivia, dado que es amigo del presidente, Luis Arce.

La jueza del primer juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios determinó que sí estaban acreditados el peligro de fuga y los indicios relativos a los delitos, y determinó que la orden de arraigo estará vigente hasta el 12 de mayo de 2022. La determinación del plazo suele estar en relación con el tiempo restante para la acusación fiscal y la realización del juicio oral. El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, entregó este viernes al juzgado los pasaportes diplomático y biométrico de su defendido, concretando un ofrecimiento que hizo hace un par de días como señal de la disposición a colaborar con la investigación del Ministerio Público, una actitud que no demostró mientras era presidente. Asimismo, entregó un documento en el que informa que Vizcarra se allanaría a la medida, para seguir una conducta “no obstruccionista”. El abogado también comunicó el miércoles al fiscal Juárez que su patrocinado está dispuesto a levantar su secreto bancario y a que un perito visite su domicilio para que determine que no hay un desbalance patrimonial. “No me voy a asilar en una embajada, tampoco en una clínica, tampoco me voy a autoeliminar, obviamente. Aquí estoy”, comentó el exmandatario, aludiendo a otros expresidentes peruanos investigados o condenados por corrupción.