El Supremo neerlandés falla que el Gobierno no está obligado a repatriar a mujeres y niños de yihadistas del ISIS
El tribunal establece que son una amenaza para la seguridad y no se les pueden aplicar las convenciones de derechos humanos por estar fuera del territorio nacional


El Estado neerlandés no está obligado a repatriar a 23 mujeres del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) y a sus 56 hijos, porque suponen una amenaza para la seguridad. Aunque sean neerlandesas, o hayan vivido largo tiempo en Países Bajos, al encontrarse en campos bajo control kurdo del norte de Siria (Al Hol y Al Roj), tampoco se les pueden aplicar las convenciones de derechos humanos. Así reza el fallo emitido este viernes por el Tribunal Supremo, en un caso que ha llegado a sus manos después de que las afectadas recurrieran la apelación de una demanda ganada en 2019 en primera instancia. “Los jueces no deben ocupar el lugar de los políticos”, añade la sentencia.
La decisión del Supremo tiene en cuenta el hecho de que las mujeres viajaron a zonas yihadistas por voluntad propia, y amplía la amenaza para la seguridad nacional “a otros países de la zona Schengen, así como a los funcionarios que tendrían que ir en su busca a Siria”. En su primer requerimiento contra el Estado, el grupo temía por su salud y la vida, y alegaban que Países Bajos había firmado tratados internacionales de protección de los derechos humanos que le compelía a repatriarlas. Sin embargo, el alto tribunal dice que, “no se observan circunstancias especiales de las cuales se derive, en nombre de dichos tratados, la responsabilidad del Estado hacia estas mujeres y niños”.
Y añade: “El juez debe ser cauto acerca de las decisiones tomadas por el Estado”, dejando en manos de los políticos su futuro. “Hemos sido siempre muy claros: estas mujeres tomaron una decisión al desplazarse, con o sin sus hijos menores, a zonas controladas por el ISIS y asociarse a una organización terrorista”, ha dicho Ferdinand Grapperhaus, ministro de Justicia. Los abogados de las demandantes evalúan ahora la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Supremo neerlandés hace hincapié en que ha tomado una resolución sobre “un grupo”, porque el Consejo de Estado ya ha señalado que estos casos, presentados de forma individual, pueden tener más éxito. Uno de los ejemplos particulares es el de Naima el O., de 52 años, que sufrió quemaduras graves en mayo pasado al estallar una bombona de gas que provocó un incendio en su tienda del campo de Al Roj. Su abogado dice que precisa un tratamiento especial, y la sentencia está prevista para julio. La mujer viajó a Siria en 2014 llevando con ella a sus dos hijos. El mayor murió y quedan su hija y dos nietos.
En los últimos años, cerca de 300 neerlandeses -un tercio de ellos mujeres y hay al menos 205 menores en Siria y Turquía - han viajado a zonas de conflicto en Siria e Irak. En su mayoría, los adultos se sumaron a grupos terroristas como el Estado Islámico y Hayat Tahrir al-Sham, aliado de Al Qaeda, según los Servicios de Inteligencia y Seguridad (AIVD, en sus sigas neerlandesas). Algunas mujeres huyeron luego por su cuenta, y otras fueron llevadas a los campos del norte sirio. Hasta ahora, la postura oficial del Gobierno neerlandés estipula que quien desee retornar acuda por su cuenta a un consulado de Países Bajos en Turquía o Irak y pida ayuda. Una vez de vuelta, serán juzgados como miembros de una organización terrorista.
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