Rusia lanza una acusación penal contra el financiero Bill Browder

La fiscalía rusa ha abierto este lunes una nueva causa contra William Browder. Esta vez, penal. Quien fue el mayor inversor extranjero en Rusia, hoy convertido en uno de los mayores activistas globales contra Vladímir Putin y su Gobierno, ha sido acusado de crear una red criminal transnacional para canalizar y lavar cientos de millones de euros a través de empresas y sociedades en distintos países. Además, los fiscales señalan que puede ser el responsable del envenenamiento del abogado Serguéi Magnitski, cuya memoria lleva años defendiendo y que murió en 2009 en una cárcel rusa después de haber descubierto un fraude millonario vinculado al Gobierno. Browder ha tachado de “kafkianas” las acusaciones en su contra. Podría enfrentarse a diez años de cárcel.

La justicia rusa ya condenó al financiero en ausencia en otras dos causas y lleva años intentando infructuosamente conseguir su extradición a través de peticiones a Interpol. Pero los tribunales y los Gobiernos de Estados Unidos y la UE han rechazado los repetidos intentos de Moscú y han desestimado unos cargos que consideran políticos. Rusia ha anunciado este lunes que creará un grupo especial para lograr su detención y que emitirá otra alerta roja con su nombre para Interpol.

El chocante nuevo giro a las causas judiciales contra Browder se produce además solo unos días antes de que se vote al nuevo presidente de Interpol, cargo para el que se postula un ex vice ministro de Interior ruso como uno de los dos únicos candidatos. Su posible nombramiento ha despertado la inquietud de diplomáticos y opositores al Gobierno de Putin, que lo ven como la puerta para que Rusia controle la institución internacional, a la que ha recurrido en distintas ocasiones para solicitar la detención de varios opositores.

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También coincide con el debate en Holanda de la aprobación para países de la UE de una versión de la llamada ‘lista Magnitski’, impulsada por Browder en Estados Unidos, país del que es originario, como una ley y que lleva el nombre del abogado fallecido. La norma permite congelar el patrimonio de violadores de derechos humanos y negarles la entrada en el país.

Browder, de 58 años, ciudadano británico y líder del fondo de inversión Hermitage Capital Management, lidera una campaña para exponer la corrupción del Gobierno de Putin y castigar a los funcionarios rusos, a quienes, junto a organizaciones de derechos humanos y activistas, culpa de la muerte de Magnitski. El abogado, que trabajaba para Browder, afirmó en 2008 haber descubierto un fraude de unos 200 millones de euros por parte de funcionarios rusos. Poco después fue detenido por evasión fiscal y murió un año después en la cárcel.

Ahora, los fiscales consideran que fue envenenado y señalan a Browder como responsable de su muerte para evitar de que Magnitski no expusiera sus finanzas, acusaciones que se sustentan en el supuesto testimonio del compañero de celda del abogado, según informa Reuters. Sostienen que puede haber estado involucrado también en la muerte de otros asociados y la del empresario Alexandr Perepelichni.

La fiscalía ha decidido abrir esta nueva causa contra el financiero tras analizar pruebas presentadas por la abogada Natalia Veselnitskaya, conocida por haber mantenido reuniones con uno de los hijos de Donald Trump durante la campaña para las elecciones presidenciales de EE UU de 2016 y que ha presionado para la derogación de la ley Magnitski. Un capítulo más de la trama rusa, ya que la letrada —que distintas informaciones atribuyen excelentes conexiones con el Kremlin— prometió a Donald Trump Junior y a su cuñado Jared Kushner facilitar información contra la candidata demócrata Hillary Clinton.

El financiero ha asegurado este lunes que estas nuevas acusaciones —que se basan en supuestos delitos ocurridos hace nueve años— son una venganza del Kremlin por su activismo por la ‘lista Magnitski’. “Parece que he tocado un nervio”, ha señalado.