El potencial del estado de excepción

El presidente Nicolás Maduro se ha apoyado en una prórroga de la emergencia económica –declarada el 14 de enero– y en un nuevo decreto de estado de excepción ante una amenaza de intervención militar en Venezuela propuesta por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

La emergencia económica que, en teoría, solo afectaría las garantías o derechos económicos en Venezuela. De ahí que Maduro haya ido un paso más allá. Como escribe José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, en el portal Prodavinci, “esto permite explicar por qué casi todos los decretos dictados en el marco de la emergencia económica existente desde enero pasado han incidido en temas económicos. Sin embargo, esa emergencia también se ha empleado –indebidamente– para limitar el ejercicio de las funciones constitucionales de control del Parlamento”.

En un principio, Maduro no ha hecho mayores referencias al contenido del decreto de estado de excepción. Solo se ha conocido completamente ayer, al ser publicada en Gaceta Oficial número 40.903. En esta norma se indica que el presidente podrá tomar medidas que considere pertinentes para “garantizar la estabilidad del pueblo venezolano”. El documento también confiere absoluto control al Jefe del Estado venezolano ante situaciones de orden: social, económico, político, natural y ecológicas que afectan “gravemente” al país caribeño.

El decreto  permite al mandatario instaurar prohibir manifestaciones o restringir las comunicaciones

Según se desprende del texto, Maduro abre la posibilidad de suspender de forma temporal y excepcional, “las sanciones de tipo político contra altos funcionarios y autoridades de los poderes públicos, cuando estas sanciones puedan afectar las medidas que está tomando el Gobierno para reactivar la economía”. Así, el presidente venezolano busca neutralizar los intentos, desde la Asamblea Nacional, de destituir a ministros que trabajan en el área económica y de alimentos.

Además, el decreto de estado de excepción permite adoptar medidas y planes de seguridad “que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras” y que permitan “avances contundentes en la restitución de la paz de la soberanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva”.

En el plano económico, Maduro autoriza a los ministros a tomar medidas “para la venta de productos regulados con el fin de lograr que lleguen a toda la población. Se podrá autorizar aplicación de mecanismos expeditos y transparentes para contrataciones que garanticen la salud, alimentación y servicios básicos. También se autorizan mecanismos excepcionales para suministrar insumos, créditos, semillas y maquinarias a productores”.

El decreto también contempla mecanismos para evaluar y hacer seguimiento a la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad.

Según los opositores, el Gobierno ha podido solventar la crisis económica sin necesidad de la prolongación de la medida y la instauración de un estado de excepción.

El decreto es una carta que permite al mandatario prohibir manifestaciones o restringir las comunicaciones, convirtiéndose en un escenario repleto de obstáculos para la oposición que se ha valido de manifestaciones callejeras en los últimos días para presionar al Consejo Nacional Electoral que apresure el proceso de activación de un referéndum revocatorio contra Maduro.

La oposición asegura que esta norma aún es ilegal porque no ha pasado por el filtro del Parlamento (dominado por la MUD). El decreto del estado de excepción debería ser aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela en ocho días hábiles, pero teniendo en cuenta las últimas decisiones tomadas por el chavismo, nadie duda de que sea rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia –controlado por el chavismo– y una vez más autorice a Maduro a tomar cualquier decisión.