La fiscalía brasileña investigará a Lula por tráfico de influencias
La justicia indaga si el expresidente recibió dinero de una constructora


La Fiscalía brasileña de la República ha abierto una investigación judicial para aclarar si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) incurrió en un delito de tráfico de influencias, entre los años 2011 y 2014, a favor de una de las principales empresas constructoras del país, Odebrecht. El fiscal dilucidará si el mandatario brasileño, durante esa época, hizo valer su influencia internacional para favorecer los negocios de esta empresa a base de viajar a países como Venezuela, Cuba o República Dominicana, pagado por Odebrecht, en teoría solo para dar conferencias y participar en actos, y en la práctica para influir también en los Gobiernos de estos países para que otorgaran contratos a la constructora. La constructora, después, en la mayor parte de estos contratos, se ha beneficiado de los créditos del banco público BNDES para acometer estas obras. La fiscalía, pues, deberá probar que Lula influía para obtener los contratos y que su partido, el Partido de los Trabajadores, el mismo que el del Gobierno de Dilma Rousseff, influía para que el banco otorgara los créditos.
La Fiscalía, en mayo, decidió abrir investigaciones preliminares y pedir documentación al expresidente. Hoy, ha dado un paso más y ha decidido abrir una investigación formal por el asunto. El Instituto Lula, que ejerce las labores de portavoz del expresidente, ha manifestado, poco después de enterarse de la noticia, que se siente “sorprendido” por la decisión. Sobre todo, añade el instituto, porque entregó la documentación solicitada hace solo una semana, con lo que sospechan que la Fiscalía no ha tenido tiempo de analizarla al detalle.
La Fiscalía ha explicado, sin embargo, que la decisión de abrir una investigación formal "no tiene relación" con la entrega de documento. "En una investigación preliminar, tenemos 90 días para decidir si abrimos o no una investigación formal. Pero necesitábamos más tiempo", aseguró. Con la decisión podrá aplicar todos los pasos previstos en la legislación para saber si, al final, hay relación entre los viajes pagados de Lula y las "supuestas ventajas" obtenidas por las empresas en los negocios.
Desde mayo ha ocurrido otra cosa importante: el presidente de la constructora Odebrecht, el todopoderoso Marcelo Odebrecht, fue detenido el pasado 19 de junio acusado de sobornar a altos cargos de la empresa Petrobras para lograr contratos para su empresa. Desde entonces está en la cárcel. Formalmente, un caso no tiene que ver nada con el otro pero todo se inscribe, evidentemente, en el clima de corrupción y sospechas que vive Brasil desde hace un año y medio, cuando saltaron las primeras pruebas del escándalo. Lula siempre ha negado las acusaciones, amparándose, sobre todo, en una suerte de venganza política contra él y su partido por parte de la prensa.
El mismo día en que la sociedad conocía la denuncia contra Lula saltaba otro escándalo. Uno de los altos cargos de empresas constructoras envueltos en el escándalo de Petrobras, el consultor Julio Camargo, ha asegurado, según el diario O Globo, ante el juez que investiga el asunto, que el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, –también involucrado en la trama– le presionó para que pagara cinco millones de dólares a fin de conseguir contratos de construcción de determinadas obras de la petrolera estatal. Camargo asegura que Cunha se dirigió a él con “agresividad” asegurando que él estaba al frente de los votos “de 260 diputados”. Según Camargo, los cinco millones de dólares fueron pagados por intermediación del experto en lavar dinero, Alberto Yousseff, también detenido. Cunha ha asegurado que todo es mentira: “Nunca hablé con él de nada de eso, no sé nada de eso. Él lo tiene que probar. Todo es falso”.
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