Prisión para seis de los implicados en el ‘caso Penta’ en Chile

Es el mayor caso de corrupción que se haya visto en Chile y el que ha llegado más lejos. Los dos dueños del grupo chileno Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto a otros cuatro implicados en la trama de evasión de impuestos y financiamiento irregular de la política que afecta sobre todo a la derecha, han comenzado a cumplir prisión preventiva en un anexo de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago de Chile, según ha determinado esta mañana el magistrado Juan Escobar, en una audiencia que ha causado amplia expectación pública y reacciones inmediatas del mundo político y empresarial.

Después de tres días de audiencias de formalizaciones, el juez ha realizado una detallada exposición donde ha explicado los alcances jurídicos del caso Penta y justificado las medidas cautelares. Además de la prisión para Délano y Lavín por delitos tributarios y sobornos, dos empresarios reconocidos y con amplias redes en la política, Escobar ha decidido aplicar la prisión preventiva para los exgerentes de la compañía Marcos Castro y Hugo Bravo, el exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Wagner, y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez, que se encuentra encarcelado desde septiembre de 2013. De acuerdo al magistrado, que considera que los seis formalizados son un peligro para la sociedad, la tesis de delitos reiterados planteada por la Fiscalía es válida y las penas, que se determinarán en un plazo de 120 días de investigación, pueden llegar hasta a los 15 años de cárcel.

El juez también ha determinado el arresto domiciliario para el gerente del grupo, Manuel Tocornal, y la firma semanal para Manuel Irrarázaval y Carlos Bombal, ejecutivos de Penta, una empresa que funcionó por años como una máquina para defraudar al Fisco, según el Ministerio Público. No solamente diseño complejos mecanismos para evadir impuestos, entre ellos los aportes a las campañas, sino que además sobornó a funcionarios públicos a cambio de dinero.

Las medidas anunciadas esta mañana han representado un golpe inédito a la clase empresarial y a la derecha, sobre todo a la Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido que defiende la doctrina y que ha sido el mayor beneficiado por los aportes ilegales para las campañas. Entre los políticos implicados se encuentran dos senadores y un diputado en ejercicio de este partido, que hasta ahora se han mantenido en sus cargos en el Parlamento. El magistrado Escobar ha anunciado esta mañana que interrogará a los diez dirigentes nombrados en la causa, lo que convierte al caso Penta en la mayor trama de dinero y política que se haya visto en el país, y ha manifestado que se hace necesario un cambio a las leyes anticorrupción.

En Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se ha referido también a la necesidad de modernizar la legislación: “Creo que las penas por los delitos de corrupción tienen que aumentarse y hacerse coherentes. No puede ser lo mismo sobornar a un empleado público y defraudar al Fisco en cientos de millones que robar una gallina”.

Los formalizados en el caso Penta han ingresado al anexo Capitán Yáber, al interior de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, construida para los presos por delitos económicos y hechos de alta connotación pública. Tiene cuatro celdas, todas con baños, un comedor, un sicólogo, sala de pool y una cancha baby de fútbol, entre otras instalaciones. Los implicados estarán al menos durante todo el fin de semana en prisión, hasta que la Justicia se pronuncie sobre las apelaciones de la defensa.