Fiscales, lesa humanidad y soberanía

La muerte de Alberto Nisman sigue siendo portada en todo el mundo. El fiscal que tomó el caso, Gerardo Pollicita, ratificó la acusación formal contra la presidente Fernández de Kirchner y su canciller. Dicha imputación deberá ser convalidada por un juez, desde luego, pero no obstante constituye, en sí misma, un mensaje que nadie podrá desoír, ni el gobierno, ni la sociedad, ni la comunidad internacional.

Tal vez esta sea la respuesta de los fiscales a las agresiones verbales recibidas por parte de la presidenta dos días atrás. En silencio y por escrito, Argentina podría estar al borde de una grave crisis institucional. El vicepresidente también está imputado, por corrupción, vale la pena recordar.

Los periódicos más importantes del mundo, incluyendo este, han expresado la necesidad de una investigación internacional. Otras voces—gobiernos extranjeros, organizaciones de Derechos Humanos y celebridades como Mia Farrow y Martina Navratilova—han hecho ese reclamo de manera más enfática. Es que el gobierno argentino no tiene credibilidad en cuanto a su capacidad e interés en resolver el caso. ¿Cómo podría? La imputación en cuestión es por el delito de encubrimiento de los acusados por el ataque terrorista de 1994.

Fernández de Kirchner actúa por reflejo condicionado, esperando que el caso desaparezca de los medios informativos y rechazando la idea de una investigación internacional. El caso no desaparecerá de los diarios internacionales por un buen tiempo. El mundo entiende muy bien aquello que el gobierno argentino pretende ocultar. Suicidio o asesinato, la gravedad de esta muerte no tiene precedentes. Un fiscal federal, con evidencia acusatoria contra el gobierno, estaba a punto de presentar esa evidencia ante el Congreso. Los tres poderes del Estado concentrados en el caso Nisman. Proteger la vida de ese fiscal era responsabilidad del gobierno. Por acción o por omisión, se trata de un crimen de Estado.

El gobierno argentino rechaza la intervención de la comunidad internacional en cualquiera de sus formas. Evitar esa intervención, traducida como “injerencia en asuntos internos”, parece ser el objetivo exclusivo de las misiones diplomáticas argentinas en estos días. El gobierno apela a la noción de soberanía para resolver el caso dentro de su jurisdicción. Llamémoslo, resolverlo en privado.

El problema es que Fernández de Kirchner es víctima de múltiples conspiraciones, según propia admisión, no solo por parte de potencias imperiales, el capital financiero y el sistema judicial de Nueva York. También es víctima de las conspiraciones desestabilizadoras orquestadas por individuos, ciudadanos argentinos residentes en Argentina, Stiuso, Lagomarsino o Magnetto. En otras palabras, un gobierno tan débil, ¿cómo podría resolver un caso tan complejo? Siendo así, Fernández de Kirchner necesita ayuda internacional para resolver el ataque terrorista de 1994 y la muerte del fiscal Nisman. El rechazo solo contribuye a reforzar la hipótesis de encubrimiento.

Pero la cuestión es más compleja que los deseos de una presidente confundida. El ataque a la AMIA constituye un crimen de lesa humanidad. El terrorismo siempre lo es, pero además, el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, explícitamente calificó ese atentado como delito de lesa humanidad en noviembre de 2006. Esto implica que la causa AMIA no prescribirá jamás y es de jurisdicción universal, tal como lo dispone la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad adoptada por las Naciones Unidas en 1968, tratado que, por otra parte, está homologado en la propia Constitución Argentina. Por añadidura, es plausible pensar en el caso Nisman, su denuncia y su muerte, como parte del mismo proceso legal.

Más aún, una investigación internacional no solo sería necesaria, bienvenida y jurídicamente pertinente. Sería también catártica para Argentina, una herramienta para una transición política que, a esta altura y en menos de 300 días, deberá ser de régimen, no tan solo de gobierno. Piénsese en una comisión de notables para investigar el caso AMIA y la muerte del fiscal Nisman, así como en 1983 Alfonsín creó la CONADEP, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, para investigar los crímenes de los setenta. Sería útil una comisión AMIA, que además esté abierta a la cooperación con gobiernos, organizaciones internacionales y organismos de Derechos Humanos.

Argentina tiene democracia desde 1983, pero en muchos sentidos debe volver a empezar. El caso AMIA y Nisman es solo el más significativo de una muy larga lista de violaciones de derechos. Ojalá que esa necesaria catarsis sirva para otro “Nunca Más”.

Twitter @hectorschamis