La última polémica de Piñera
El expresidente firmó un decreto para que los funcionarios de su Gobierno pudieran borrar e-mail personales


Pocas horas antes de dejar el Palacio de La Moneda y convertirse oficialmente en expresidente, Sebastián Piñera firmó un decreto que posibilitó a los funcionarios de su Gobierno eliminar correos electrónicos personales de los servidores públicos. La medida del exmandatario provocó la reacción de la Fiscalía, que tiene investigaciones pendientes en ocho ministerios, y les informó que la destrucción de los email puede constituir un delito.
“Los correos personales, lo ha determinado tanto la oficina de transparencia como la Corte Suprema, son personales. Pero todo lo que es oficial, naturalmente queda. Hemos hecho un enorme esfuerzo por entregarles a los futuros ministros todo el material e información para que puedan gobernar sobre una base sólida”, señaló Piñera. Lo secundó Andrés Chadwick, que se desempeñaba como su ministro del Interior: “Estamos frente a un traspaso de gobierno totalmente republicano, a diferencia de lo que ocurría en el pasado”.
Las explicaciones no dejaron conforme a la Administración de Bachelet, que arrancará con una profunda revisión del estado del Gobierno y su denuncia pública. El portavoz de La Moneda, Alvaro Elizalde, señaló que “es una pésima señal en materia de transparencia”. “Constituye un incumplimiento del propio compromiso del Presidente de que iba a entregar todala información a las nuevas autoridades”, afirmó el ministro.El líder del partido oficialista PPD, Jaime Quintana, fue enfático: “Si no hay nada que esconder, no hay nada que borrar”.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, explicó que Piñera derogó una obligación que tenían los órganos del Estado de guardar en un repositorio los correos electrónicos durante al menos seis años. “Esto no quiere decir que exista una facultad del funcionario para borrar”, explicó la autoridad.
En las últimas 24 horas de su mandato, Piñera envió al Congreso cuatro proyectos de ley, entre ellos un compromiso con los trabajadores de los puertos de Chile, que implicará la utilización de resursos de un fondo de libre disposición del Gobierno. El ministro de Hacienda de Bachelet, Alberto Arenas, criticó la jugada: “Estos movimientos de última hora no yudan a tener una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y no será la tónica de la nueva Administración”.
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