Garzón pide a la justicia uruguaya perseguir los delitos de la dictadura

El exjuez español Baltasar Garzón, actualmente presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), valoró este lunes el avance en la defensa “proactiva” de los derechos humanos en Uruguay, aunque criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de anular una ley que impedía la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985).

La ley, aprobada en 2011 por el Gobierno de izquierda liderado por el Frente Amplio, fue declarada inconstitucional en febrero de este año por el máximo tribunal del país, lo que supuso un enfrentamiento entre el Gobierno y a la Justicia.

“Uruguay está en la línea de defensa positiva y proactiva de los derechos humanos”, señaló Garzón en un encuentro con la prensa antes de impartir una conferencia sobre “El derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado” en la Universidad de la República en Montevideo, pero criticó el “bloqueo de investigaciones por crímenes de lesa humanidad, en un país donde centenas o miles de víctimas quedan desamparadas”.

Garzón señaló que en ocasiones “hay contradicciones” en el ámbito de la justicia pero estas no pueden darse “en perjuicio de las víctimas” por eso espera que la Suprema Corte de Justicia “pueda modificar su propia postura” como le exige una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “el propio derecho internacional” que, según recordó, “forma parte del derecho interno de Uruguay” como país firmante de la declaración de Londres de 1945, por la que se creó el Tribunal Penal de Núremberg, donde por primera vez se dio forma a los crímenes contra la humanidad.

Uruguay “siempre ha estado en la base de protección de esos derechos, por tanto a estas alturas de la historia tratar de volver atrás una página que ya está consolidad y superada en sentido de protección de las víctimas creo que es grave y debe de corregirse”.

El exjuez recordó que en Argentina la Corte Suprema de Justicia en 2005 declaró inconstitucionales las leyes que hasta entonces habían impedido el procesamiento de militares que habían cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983).

Garzón se mostró a favor de aunar fuerzas y presentar una gran causa conjunta que aglutine todos los casos de violaciones de derechos humanos del Plan Cóndor durante las dictaduras del Cono Sur (1970-1980), que permita eliminar obstáculos “burocráticos”, mejorar los recursos y ser más eficaces tanto en la investigación de los hechos como en la protección “integral” de las víctimas.

“Si el espacio utilizado por Cóndor fue chile Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y todos los servicios de inteligencia actuaron coordinadamente para producir el secuestro, desaparición o tortura de decenas o centenas de personas, que menos que la justicia si quiere realmente llegar a ese ámbito ponga una estructura similar”.