Una región peruana se levanta contra un proyecto minero

El periodo de calma social que disfrutó Ollanta Humala en sus primeros meses como presidente de Perú ha concluido definitivamente. La región de Cajamarca, principal productora de oro del país, ha declarado una paralización por tiempo indefinido a partir del jueves en rechazo a Conga, un proyecto aurífero y cuprífero que implica una inversión de 3.600 millones de euros. Los manifestantes, encabezados por el presidente regional, Gregorio Santos, se oponen a la construcción de la mina y se niegan a dialogar. Para ellos, la única salida es que el presidente declare inviable el proyecto.

Las protestas contra la actividad minera, que ya afectaron buena parte de la gestión del mandatario anterior, Alan García, han vuelto con fuerza. Hace dos semanas, la población de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en la región Apurímac, se movilizó violentamente para pedir que todas sus tierras sean declaradas libres de esa actividad. En esa ocasión, los huelguistas incluso amenazaron con secuestrar a la comitiva que el gobierno envió para negociar.

El yacimiento aurífero de Conga se encuentra debajo de cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales

Sin embargo, lo que está en juego ahora es mucho más grande. El conflicto se ha definido como una disyuntiva entre el agua y el oro. El yacimiento aurífero de Conga se encuentra debajo de cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales que abastecen de agua a los agricultores y ganaderos de la región. Para poder extraer el mineral, estas lagunas deben ser desecadas para dar paso a un gigantesco tajo abierto. La empresa Yanacocha, que ya opera la mina de oro más grande de Sudamérica en la misma región, calcula que pueden recuperarse 8,9 millones de onzas de oro durante los 19 años de operación proyectada de la mina, lo que a los precios actuales del metal precioso equivaldría a más de 15 mil millones de dólares. También asegura que, para mantener el balance hídrico, se ha comprometido a mudar las lagunas a otra ubicación, lo que incluso le daría a los pobladores de la zona afectada un flujo más sostenido de agua a lo largo del año.

El presidente Ollanta Humala, que durante la campaña electoral tuvo un discurso bastante crítico con la minería, ha expresado públicamente su apoyo al proyecto, al que calificó de “importante”. También ha dicho que aceptará ultimátums de nadie para cancelar la operación. En similar sentido se han expresado sus ministros. “Estamos dispuestos a enriquecer todos los estudios de impacto ambiental, para que las observaciones que pueda tener la población sean absueltas”, insistió el jueves el jefe del gabinete, Salomón Lerner.

Pese a estos argumentos y ofrecimientos, los cajamarquinos no quieren la mina. No ayudan a la negociación los antecedentes de Yanacocha, que tiene como principales accionistas a las mineras Newmont y Buenaventura, y que ya estuvo involucrada hace 11 años en un masivo caso de intoxicación con mercurio en la localidad de Choropampa. Ayer la capital de la región amaneció con sus calles prácticamente desiertas. No hubo clases en los colegios y la mayoría de negocios permanecían cerrados. Grupos de policías vigilan los puntos donde se teme que pueda haber desmanes. Fuera de la ciudad, al menos dos carreteras han sido bloqueadas por los manifestantes.

Aunque el presidente regional ha señalado que la huelga será una protesta pacífica, las autoridades nacionales temen incidentes violentos. Señalan, también, que uno de los máximos dirigentes del frente de defensa ambiental que impulsa la protesta estuvo diez años en prisión por participar en una atentado del grupo terrorista MRTA. El ministro de Interior, Óscar Valdez, visitó la región el miércoles y recordó que solo tres días antes un importante número de armas y municiones fueron robadas en la localidad de Puerto Ciruelo, en la cercana región Amazonas. Fuentes de inteligencia del gobierno temen que estas sean utilizadas durante la protestas. Por su parte, el presidente regional ha acusado a Yanacocha de armar a sus trabajadores, algo que la empresa ha rechazado en un comunicado.