Washington impone sanciones a altos jerarcas iraníes

Por primera vez, Estados Unidos impone sanciones contra personas concretas dentro del régimen iraní alegando "serias violaciones de los derechos humanos". Según ha anunciado este miércoles la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, "ocho funcionarios de la alta jerarquía del Gobierno iraní involucrados en la comisión de abusos graves durante la elección presidencial de 2009 en Irán "sufrirán el castigo de Washington. "No sólo nos preocupa su programa nuclear [de Irán], sino también los derechos humanos de ese país".

En un comunicado emitido por la Casa Blanca se informa de que, como ya manifestó Barack Obama en la pasada Asamblea General de Naciones Unidas, "los derechos humanos son un asunto de importancia moral y pragmática para Estados Unidos". "Siempre defenderemos a quienes en Irán aspiran a que se escuchen sus voces", puntualiza el texto.

Las ocho personas que cita el Departamento del Tesoro de EEUU -encargado de imponer las sanciones- formaban parte del Ejército, la policía y el sistema judicial en el momento en que se produjeron los mencionados abusos, en los que murieron al menos 40 manifestantes en los seis meses posteriores a las polémicas y disputadas elecciones de junio de 2009. Millones de ciudadanos iraníes participaron en manifestaciones y desafiaron el orden establecido por los ayatolás de una manera desconocida en las calles de Teherán desde la Revolución Islámica de 1979.

Los sancionados por Washington son el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Ali Jafari, y el subcomandante de inteligencia de esa misma fuerza, Hossein Taeb; el ministro de Inteligencia, Heydar Moslehi; el ministro del Interior, Mostafa Mohammad Najjar; el fiscal general de Irán, Qolam Hossein Mohseni Ejei; el Ministro de Bienestar Social y Seguridad Social, Sadeq Mahsouli; y por último, Saeed Mortazavi, al frente de la fuerza Especial de Irán contra el Contrabando, y el subjefe de la policía nacional, general Ahmad Reza Radan.

Las sanciones anunciadas por Clinton prohíben que instituciones financieras, empresas privadas e individuos de EEUU lleven a cabo transacciones con las personas o entidades sancionadas, y además congela los activos de los individuos sancionados que se encuentren en jurisdicción estadounidense.