Perú presenta 22 solicitudes de extradición contra Fujimori

La fiscalía peruana presentó el miércoles 22 solicitudes de extradición en la Corte Suprema de su país contra el ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde el domingo tras llegar procedente de Japón, donde se encontraba prófugo de la justicia. Entre los cargos presentados figuran las matanzas cometidas por paramilitares en 1991 y 1992 y que costaron la vida a 25 personas, así como por torturas y asesinatos cometidos en la sede de los servicios de inteligencia militares.

El alto tribunal peruano deberá completar los expedientes para enviarlos, con el visto bueno del Gobierno, a Chile. Mientras, en este país, el juez encargado del caso, Orlando Álvarez, volvió a denegar ayer la puesta en libertad del ex presidente peruano y calificó de "improcedente" la petición de sus abogados.

La presencia de Fujimori ha causado una gran polémica. El presidente chileno, Ricardo Lagos, lamentó ayer que las autoridades japonesas no hubieran informado del viaje de Fujimori, que se inició el sábado. "Es mejor que cuando alguien que está requerido por la policía internacional viaja, y ese país lo va a saber, que informe". Lagos confirmó que Fujimori entró en el país con pasaporte peruano y así lo hizo constar en la ficha de entrada. Ayer, la embajada de Japón —cuya ciudadanía también mantiene el ex presidente peruano— pidió visitar al detenido. Desde Tokio se insistió ayer, por segundo día consecutivo, en que el proceso judicial al que está sometido Fujimori debe ser "justo".

La política interna chilena tampoco se ha salvado de la polémica.Tomás Hirsch, candidato presidencial de la coalición izquierdista Juntos Podemos, pidió la dimisión del ministro del Interior de Chile, Francisco Vidal, bajo la acusación de ser el responsable de la entrada de Fujimori en el territorio nacional. Sobre el mismo punto ya se había expresado el martes Michelle Bachelet, candidata del centroizquierda en las presidenciales de 2006, que dijo que el error fue permitir la entrada del ex mandatario.

La legislación chilena niega la entrada en el país a condenados o procesados y a aquellas personas que se hallan prófugas siempre que los delitos no sean políticos.