LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO

Los familiares de las víctimas del 11-S demandan a la financiación de Al-Qaeda

Un informe de Human Rights Watch asegura que EE UU no ha preservado los valores que habían sido atacados en los atentados del 11 de septiembre

Washington - 15 ago 2002 - 00:00CEST

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Más de 500 familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre presentarán hoy una demanda civil contra Sudán, organizaciones caritativas islámicas, miembros de la familia real saudí y varios grupos a los que acusan de financiar a la red Al Qaeda, según fuentes cercanas a los familiares.

Los demandantes "invocan el imperio de la ley para que aquellos que impulsaron, financiaron, patrocinaron o apoyaron materialmente los actos de barbarie y terror del 11 de septiembre de 2001 sean responsabilizados", según los escritos que serán presentados en un tribunal federal.

La demanda colectiva del grupo Familias del 11 de setiembre unidas para arruinar al terrorismo apunta también contra Osama Bin Laden, líder de la red extremista islámica Al Qaeda, y la milicia fundamentalista de los talibanes. Los demandantes reclaman mil millones de dólares en daños y perjuicios a las entidades y un billón a los individuos acusados, según la misma fuente.

"Los demandantes invocan el estado de derecho para responsabilizar de sus actos a quienes favorecieron, financiaron, patrocinaron o apoyaron materialmente actos de barbarie y terror infligidos el 11 de septiembre", según el texto del documento que será presentado durante la jornada ante un tribunal federal de Washington.

Arrestos arbitrarios y maltratos

Por otro lado, un informe de Human Rigths Watch denuncia que el Gobierno de Estados Unidos ha efectuado arrestos arbitrarios, ha mantenido incomunicados y ha maltratado a decenas de detenidos en su guerra contra el terrorismo.

"El gobierno no ha preservado los valores que el presidente, George W. Bush, ha dicho que habían sido atacados el 11 de septiembre", ha declarado Jamie Fellner, directora del Programa EEUU de la asociación proderechos humanos.

Fellner ha subrayado además que "con su restricción del control judicial y el impedimento del escrutinio público, el gobierno ha ejercido un poder sin riendas sobre las personas que ha detenido".

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